Los desarrolladores del proyecto Perfect Day México, en Mahahual, incumplen la clausura impuesta por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) el pasado 30 de enero y continúan avanzando en la remoción de selva sin contar con los permisos correspondientes, denunció la asociación civil Defendiendo el Derecho a un Ambiente Sano (Dmas).
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Mediante dos videos, la organización señala que la naviera estadounidense sigue con el desmonte de la vegetación en un terreno que abarca 107 hectáreas.
Los directivos de la compañía aseguraron que poseen los permisos de los tres niveles de Gobierno para la demolición de las construcciones que la semana pasada fueron clausuradas por la Profepa, además de que dichas obras no forman parte, por el momento, del proyecto Perfect Day México.
Dmas, que representa la abogada Antonella Vázquez, solicita el respaldo de las autoridades federales competentes debido a la violación de la clausura impuesta.
La organización denunció que maquinaria pesada de Royal Caribbean continúa derribando y devastando la selva para el proyecto Perfect Day México, considerando que la situación podría escalar a un ecocidio.
Por su parte, la Profepa, a través de su vocería, informó que la dependencia federal prepara una nueva visita de inspección al lugar para constatar los hechos y actuar conforme a la ley.
La abogada de Dmas indicó que el proyecto presenta irregularidades desde su origen, ya que la empresa promotora gestionó cambios de uso de suelo que fueron aprobados por el Cabildo de Othón P. Blanco en noviembre de 2025, implicando una modificación al Programa de Desarrollo Urbano (PDU) sin cumplir los procedimientos establecidos en la Ley de Asentamientos Humanos.
Para avalar esas modificaciones, debieron presentarse estudios técnicos, documentos específicos y someter la propuesta a consulta de un comité de Desarrollo Urbano, pero en su lugar, el Cabildo de Othón P. Blanco votó a favor sin seguir el procedimiento legal.
Como consecuencia, la asociación presentó un amparo el pasado 16 de enero contra el Ayuntamiento y la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus) de Quintana Roo por haber emitido el Dictamen de Congruencia, pese a que el acto vulneraba la Ley de Asentamientos.
En consecuencia, el Juzgado Sexto de Distrito radicado en Quintana Roo dictó una suspensión definitiva que anula los cambios de uso de suelo e impide que se traduzcan en licencias, permisos, constancias o cualquier otro trámite relacionado, al menos hasta que se resuelva el juicio.