La Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México (CDPIM), que encabeza Oscar Banda González, expresó su apoyo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a las comunidades Mayas Cruzo’Ob de Quintana Roo, en el reclamo legal de representatividad para que se analice con todos los elementos el caso que busca revocar la explotación comercial no autorizada de elementos de su patrimonio cultural por parte del Grupo Xcaret.
"En un acto considerado 'responsable y valiente' por juristas, el encargado de la CDPIM, Oscar Banda, habría presentado un “Amicus Curiae” ante la Corte que encabeza el ministro Hugo Aguilar Ortiz.
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El “Amicus Curiae” (Amigo de la Corte) permite la participación social en el debate judicial mediante la presentación por parte de terceros ajenos al litigio, dé razonamientos o argumentos legales respecto al tema a fin de que el juzgador los considere al momento de emitir su resolución; según describe el académico e investigador especializado en Teoría del Derecho y Derecho Constitucional, Jorge Baquerizo Minuche, en su estudio “El Amicus Curiae: Una importante institución para la razonabilidad de las decisiones judiciales complejas”.
La SCJN admite el amicus curiae basándose principalmente en el Artículo 1° constitucional, que obliga a todas las autoridades a promover y proteger los derechos humanos, así como en los Artículos 79 y 598 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que faculta al juzgador para valerse de cualquier persona o documento para conocer la verdad. Asimismo, su recepción se sustenta en el Control de Convencionalidad, integrando prácticas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ha sido consolidada mediante la jurisprudencia y acuerdos de la propia Corte (como la Contradicción de Criterios 70/2024), que reconocen esta figura como una herramienta de participación ciudadana que promueve la democratización de las decisiones tomadas y fomenta la transparencia judicial.
De esta manera, la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, creada legalmente en 2013; pero con razón de ser y origen activo después del surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994, se ha manifestado -con todo su legado y visión de años- respecto al Recurso de Revisión en Incidente 4/2025.
Este recurso deriva de la Solicitud de Ejercicio de la Facultad de Atracción 615/2025, respecto del Amparo en Revisión 341/2025 y del Amparo Indirecto Administrativo
1649/2024; todos ellos involucrando al Grupo Xcaret, por el uso -lucrativo- sin autorización y sin consulta que hace del patrimonio cultural maya.
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Como Por Esto! informó este 22 de marzo, el Recurso de Revisión en Incidente 4/2025, numeral 28, pasó a lista en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sin mayor argumento en la sesión pública del 18 de marzo, cuando se turnó a esa condición, que no da fecha para el análisis.
Este proyecto -número 28- es presentado ante la llamada “Corte del Pueblo” por la ministra María Estela Ríos González, quien hace una propuesta que a decir de las propias comunidades Cruzo’Ob, es efectuada con “una perspectiva de justicia intercultural acertada”.
Si bien el 21 de marzo, miembros de las comunidades Mayas Cruzo’Ob de Quintana Roo celebraron la disposición de los ministros de la SCJN de recibirlos esta semana, señalaron a la gobernadora Mara Lezama de intentar interceder por el Grupo Xcaret.
Con base a información que tienen en las comunidades, dijeron, Mara Lezama Espinosa -de militancia morenista- habría entablado comunicación con personas clave en la Suprema Corte para influir a favor del emporio de parques, hoteles y transporte de Quintana Roo.
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Por Esto! tuvo acceso a un oficio donde consta la recepción de un “Amicus Curiae” en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fecha 10 de marzo de 2026.
Con esto se verifica que la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México cumple con su función, como unidad administrativa de la Secretaría de Gobernación, de fomentar “el desarrollo integral en las comunidades, por lo que trabajamos de la mano con las dependencias federales, estatales y municipales y poderes de la unión, mediante un diálogo permanente y constructivo con pueblos y comunidades indígenas”; según establece en sus documentos oficiales.
Por Esto! pudo investigar con fuentes de la SCJN, que este documento de la CDPIM tiene el objetivo de aportar a los ministros la información, argumentos jurídicos e, incluso, cuestiones antropológicas, para que puedan determinar el que las comunidades Cruzo’Ob tienen una representación real, a diferencia del llamado Gran Consejo Maya figura creada desde el poder y sin consultar a las comunidades mayas Cruzo’ob; y que éste y la ley que le da origen parecen contravenir directamente lo establecido en el artículo 2°, de la Constitución Política de México y el 13 de la Constitución de Quintana Roo.
Gran Consejo Maya, en la mira
Con esto en debate, indudablemente, el Gran Consejo Maya también está en la mira; ya que es una figura que desde hace años, según denuncian las comunidades, los invisibiliza y rompe el tejido comunitario; además de que es la instancia que -en términos llanos- “negoció en lo oscurito” con el Grupo Xcaret, el uso del patrimonio cultural material e inmaterial de la cultura maya, sin consultar con las verdaderas comunidades ni informar o proporcionar una distribución justa y equitativa de los beneficios que se hubieran logrado.
No sólo eso, el Gran Consejo Maya también contradice la queja que dio origen a esta reclamación en el Instituto Nacional de los Derechos de Autor (INDAUTOR) y por lo que éste sancionó a la empresa de Miguel Quintana Pali y Carlos Constandse Madrazo.
A la sazón, cuando el Caso Xcaret se va enfriando en la Corte al estar “en lista”, el Museo de Arte Popular (MAP), del Gobierno de la Ciudad de México que encabeza la morenista Clara Brugada Molina, le cedió sus instalaciones temporalmente al poderoso grupo económico de Quintana Roo, para presentar la exposición fotográfica de obras ganadoras en la Feria Xcaret de Arte Popular Mexicano.
A decir de las personas integrantes de las comunidades Mayas Cruzo’ob con las que se tuvo acceso, “solo sirve para lavar la cara de Xcaret, en un acto en el que Clara Brugada no solo nos da la espalda a las comunidades indígenas, sino que traiciona a Don Andrés Manuel López Obrador, que sabía bien que los Quintana y los Constandse no están ni han estado nunca del lado del movimiento que él encabeza”.
¿Qué es la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México?
La Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México es una unidad administrativa de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) cuyo propósito es establecer canales de acercamiento, diálogo y coordinación entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas.
Fuente: DOF 13 de febrero, 2023
Origen legal de la CDPIM
Fue creada mediante un Acuerdo de la Secretaría de Gobernación publicado el 13 de febrero de 2013 en el Diario Oficial de la Federación.
Este acuerdo se sustenta en: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 2º) y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal es una unidad administrativa del Ejecutivo federal que depende de la Segob.
Fuente: DOF 13 de febrero, 2023
