Integrantes del sindicato del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) preparan una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas irregularidades en el proyecto conocido como “Balam Tun”, desarrollado en la ciudad de Chetumal, donde señalan posibles afectaciones al patrimonio cultural y la comisión de diversas faltas legales.
La acción legal fue acordada en el seno de la Comisión de Protección del Patrimonio Cultural del propio instituto, luego de que, hace un par de semanas, la asamblea general del sindicato sesionara para analizar el caso y determinar la presentación de una denuncia contra quien o quienes resulten responsables por las intervenciones realizadas en el parque.
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De acuerdo con lo informado por Fernando Cortés de Brasdefer, investigador del INAH en Quintana Roo, el recurso jurídico se encuentra actualmente en proceso de integración, a cargo de dos abogados, uno radicado en la entidad y otro en el centro del país, quienes elaboran los documentos que serán entregados ante la autoridad federal para su análisis.
Según lo expuesto, el objetivo de la denuncia es que se esclarezcan las condiciones en las que se ejecutó el proyecto y que los responsables expliquen las decisiones tomadas, particularmente en lo relacionado con la presunta destrucción de monumentos y la presentación de estructuras que, afirman, fueron mostradas como arqueológicas sin serlo.
El especialista señaló que existen indicios de que las edificaciones exhibidas en el sitio, actualmente denominado “Parque de la Memoria”, no corresponden a piezas originales, sino a construcciones nuevas realizadas por el propio instituto, lo que, de confirmarse, implicaría una representación que no se apega a la naturaleza del patrimonio arqueológico.
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Asimismo, indicó que dentro de la denuncia podrían incluirse posibles violaciones a la normatividad vigente, al considerar que el INAH no cuenta con facultades para concesionar espacios públicos cuando estos no están catalogados como zonas arqueológicas, lo que abriría la posibilidad de responsabilidades administrativas o legales.
Cortés de Brasdefer precisó que los señalamientos no derivan de una postura individual, sino de las observaciones realizadas por un grupo de especialistas que integran la comisión encargada de vigilar la protección del patrimonio cultural, quienes documentaron diversas inconsistencias en el desarrollo del proyecto.
Cabe recordar que, en su momento, autoridades estatales informaron que el parque contemplaba la exhibición de 47 monumentos mayas, presuntamente provenientes de comunidades como Juan Sarabia, Jesús González Ortega y Francisco Villa, los cuales habrían sido rescatados durante las obras correspondientes a los tramos 6 y 7 del Tren Maya.
