¿Qué es el Gran Consejo Maya? Es, legalmente, una creación a modo de 1998, del gobierno de Mario Villanueva Madrid, para control de la población indígena en Quintana Roo.
Es una agrupación, que desde 2019 opera de manera muy similar al sindicalismo rancio, identificado como “charro”, del que se sirven los líderes sin importar los “representados”; actuando de manera clientelar en la política y que recientemente en el caso Xcaret, se deja “instrumentalizar” para simular un consentimiento del pueblo y comunidades Maya Cruzo’Ob.
Así lo ha revelado, a su manera y ampliamente, la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México (CDPIM), unidad de la Secretaría de Gobernación, al llegar el Caso 4/2025 de la empresa Experiencias Xcaret a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en marzo pasado.
Noticia Destacada
En evidencia “buena” relación del Gran Consejo Maya con Xcaret; contrato de 15 mdp lo mantienen oculto
Por Esto! dio cuenta del documento (amicus curiae), al que tuvo acceso, y que la CDPIM entregó a los ministros de la Corte, donde se argumentó la “ilegitimidad del denominado Gran Consejo Maya”; revelador, al igual que el texto -igualmente consultado por este medio- que llevó el Grupo Xcaret para justificar su negociación con el Gran Consejo Maya, para seguir usando el patrimonio cultural de la etnia.
Ese documento, presuntamente entregado por el abogado Rafael Gimenez Camacho, para consulta de los ministros con una serie de justificantes del Grupo Xcaret confirmó, entre otras cosas, la celebración de un Contrato de Transición -por 15 millones de pesos a cambio- entre la firma de Miguel Quintana Pali y Carlos Constandse Madrazo y el GCM.
Un convenio opaco, mantenido en secreto (Por Esto! edición impresa, 7 de abril del 2026) que generó un dividendo para el grupo de Simón Caamal Coh, a quien ya los generales mayas le exigen una auditoría sobre la cantidad revelada por la ministra Jasmín Esquivel Mossa en la sesión de la SCJN del 26 de marzo.
¿Gran consejo, A.C. o empresa?
En esta, la tercera entrega sobre el ente de siglas GCM, fuentes consultadas desvelan una operación híbrida del Gran Consejo Maya, como una organización de carácter civil, aparentemente con fines de lucro, que cada vez se mueve más dentro de la estructura gubernamental y como si tuviera personalidad jurídica propia, establece negociaciones a nombre de pueblo y comunidades; cuando se ha argumentado que no tiene origen ni fundamento en los sistemas normativos tradicionales, instituciones sociales, culturales o políticas del Pueblo Maya Cruzo’Ob.
Es más, su representación no respeta el Artículo 2 de la Constitución ni la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (LFPPCPCIA).
¿El Gran Consejo Maya es en 2026, un modelo híbrido de organización de carácter civil? La pregunta se plantea luego de tener a la vista el citado documento, con el que se pretendió validar la maniobra del Gran Consejo Maya con Xcaret para permitir el uso del patrimonio cultural a la empresa.
El escrito que pudo conocer Por Esto! en su parte final, una “Consideración”, presentó el apartado de anexos, en el cual -para sorpresa de las fuentes consultadas- incorporó tres documentos “oficiales”.
Dos de ellos se identifican como “Constancias”, suscritas por María Cristina Torres Gómez, secretaria de Gobierno de Quintana Roo. La segunda al mando de la gobernadora María Elena Hermelinda Lezama Espinosa.
Un show con notario público
En su carácter de Secretaria de Gobierno de Quintana Roo, María Cristina Torres, hace constar que Simón Caamal y Gabino Cruz Yeh, forman parte del denominado Gran Consejo Maya.
Sumado a este “aval”, a todas luces hechizo, ya que la ley no lo requiere; las constancias fueron certificadas por la Notaría Pública Número 82, con sede en el municipio de Solidaridad, cuya titular es la licenciada Gabriela Alejandra González López.
Los documentos presentados, “oportunamente” por el Grupo Xcaret para empoderar -sin éxito- al Gran Consejo Maya de Simón Caamal, también incluyeron un escrito a modo de testimonio, firmado por la alcaldesa de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, Maricarmen Candelaria Hernández Solís.
El testimonial de Mari Hernández, como la llaman en la localidad, se entregó para reconocer que el Gran Consejo Maya se “realizó” mediante acta de asamblea en Tulum, el 8 de febrero de 2019. La fecha en que Simón Caamal Coh se autodenominó cabeza del GCM, tras la destitución de José Isabel Sulub Cima, el general maya honrosamente reconocido por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, aún fuera del cargo.
La alcaldesa Maricarmen Candelaria Hernández, quien prestó su firma a manera de aval en favor del GCM y Xcaret para tratar de influenciar a los ministros de la Corte, fue la misma que como candidata en 2024 recibió el nombramiento de “Gran Hermana”, de parte de Simón Caamal y Gabino Cruz, en una ceremonia que ambos le prepararon como acto
político y que llamaron “santiguada de jerarcas mayas en el Santuario de la Cruz Parlante”. (Por Esto! Quintana Roo, edición impresa 6 de abril, 2026).
“Esto pone de relieve el preocupante contubernio entre autoridades estatales y el GCM, que opera en los hechos como un acicate frente a las demandas de las comunidades indígenas. Además, abre un cuestionamiento inevitable sobre la naturaleza jurídica real del Gran Consejo Maya: ¿Se trata de una institución indígena, de una figura creada por legislación estatal, o de una organización de carácter civil?”; explicó la fuente consultada por Por Esto!
Se suma el apoyo de Mara
La situación expuesta, voluntaria o involuntariamente, por el documento atribuido al Grupo Xcaret, no deja lugar a dudas sobre el apoyo irrestricto que recibe el Gran Consejo Maya y la causa de la dupla Quintana-Constandse, de parte de la gobernadora Mara Lezama y su administración.
Si bien se anota, además del “espaldarazo” de la Secretaría de Gobierno con la firma de un presunto certificado, del 18 al 26 de marzo pasado el equipo de la Consejería Jurídica del Gobierno de Quintana Roo se dispuso a las órdenes del Grupo Xcaret; para cabildear en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con cada uno de los ministros en un ir y venir, que atestiguaron varios trabajadores de esa instancia, y lo revelaron a este medio.
Y fue la misma ministra ponente del caso 4/2025, María Estela Ríos González, quien en la sesión del 26 de marzo evidenció la presencia del cuerpo jurídico del Gobierno de Quintana Roo, tratando de minar el tema para beneficio de Xcaret.
Forma y fondo no se esconden en esta relación, que pretende mostrar a un Gran Consejo Maya como “institución indígena reconocida”.
“Esto es inusitado, ni la ley ni la constitución mencionan tan peculiar idea, de una institución indígena reconocida, se describe así (el GCM) porque no es autoridad comunitaria ni tiene origen en el sistema normativo comunitario maya, es clara su naturaleza: una institución impuesta desde la visión no indígena, para tener una función clientelar y opresora”; señala un especialista respecto a esta situación en Quintana Roo.
Noticia Destacada
“Nos seguiremos defendiendo", advierten Mayas Cruzo’Ob tras fallo de Justicia Administrativa
El gran consejo maya, objeto de estudio
Diversas fuentes entrevistadas por Por Esto! sostienen que el llamado Gran Consejo Maya, impulsado desde la lógica institucional del Gobierno de Quintana Roo y no desde las formas tradicionales de organización indígena, ha provocado una creciente fractura dentro de las comunidades mayas.
“Es claro que Simón y Gabino han tenido acceso al dinero, porque antes a duras penas se transportaban y ahora hasta camioneta tienen”, relató una de las fuentes consultadas, quien además aseguró que “están usando mucho de ese dinero para ofrecerlo a los compañeros para que abandonen a los verdaderos generales y la verdadera fe y se vayan con ellos; y ni así lo han logrado, pero sí ha causado pleitos”.
Para diversos representantes tradicionales y habitantes de la región, esta situación ha debilitado la cohesión comunitaria y abrió una disputa entre autoridades reconocidas históricamente y liderazgos impulsados desde fuera de las comunidades.
Aunque no existe hasta el momento una resolución oficial que acredite esas acusaciones, integrantes mayas sostienen que la presunta cercanía del Gran Consejo Maya con intereses empresariales, entre ellos los de Grupo Xcaret, ha contribuido a una creciente polarización comenzado a debilitar la cohesión interna, enfrentando a familias, autoridades, artesanos y “compañeros”, en territorios donde antes prevalecían formas más estables y que guardaban equilibrio de organización y representación comunitaria.
Entonces, los cuestionamientos sobre el Gran Consejo Maya no son casuales ni momentáneos, son producto de la observación de especialistas del Derecho, Indigenismo, y por tanto también es objeto de estudios académicos formales, como el de la investigadora Hilda Landrove Torres.
La promotora cultural cubana en su ensayo “Los conflictos del Gran Consejo Maya: Dinámicas de la relación entre los mayas macehuales y el Estado de Quintana Roo” (2 de enero del 2021), retoma las severas críticas que los generales han lanzado a este consejo de Simón Caamal, porque “son personas que no saben rezar, solo están perjudicando al Centro Ceremonial”.
Y es que los cargos ancestrales de los mayas macehuales, los Cruzo’Ob… los de la Cruz, fueron sustituidos por el de Presidente, Secretario y Tesorero.
Efectivamente, el Gran Consejo Maya cuenta ahora, hasta con un Tesorero. Es Cornelio Puc, quien tendrá que rendir cuentas, junto con Simón Caamal Coh y Gabino Cruz Yeh, del dinero recibido a nombre de las comunidades, pagado por Xcaret en el “Contrato de Transición”; ya que los hermanos mayas les demandan una auditoría.
Continuará…
