La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que la iniciativa de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos ya está lista y que ahora iniciará el proceso de consulta nacional con los pueblos originarios para enriquecer el proyecto que será presentado el próximo 12 de octubre ante el Congreso de la Unión. En esta etapa, Felipe Carrillo Puerto será el único municipio de Quintana Roo que participará en la consulta.
En ese sentido, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, informó que el proceso permitirá recabar opiniones y propuestas sobre la iniciativa, con la participación de 69 pueblos indígenas y más de 16 mil comunidades indígenas y afromexicanas del país.
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De acuerdo con la Secretaría de Bienestar, en Quintana Roo hay 586 mil 729 personas que se autoadscriben como indígenas; además, 228 mil 310 habitantes hablan alguna lengua indígena y 52 mil 265 se identifican como afromexicanos.
Por su parte, el director del Centro de Apoyo a Indígenas Migrantes en Quintana Roo, Pablo Martínez Flores, afirmó que las megaobras, como el Tren Maya, el Puente Nichupté y el desarrollo hotelero, han convertido a la entidad en un polo permanente de atracción para habitantes de pueblos originarios.
“En Quintana Roo no solo hay población maya, sino también una amplia presencia de personas de los pueblos tseltal, tsotsil y chol, entre otros, que han migrado desde estados del sureste. El Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado (Inmaya) aún tiene pendiente realizar una etnografía en los municipios de Playa del Carmen y Benito Juárez para conocer la dimensión real de la presencia de estas culturas”, señaló.
Desde Palacio Nacional se informó que el proceso de consulta contempla cinco etapas, 82 asambleas regionales y siete mesas de trabajo especializadas. Las propuestas ciudadanas y comunitarias serán incorporadas al proyecto legislativo antes del 11 de octubre, con el objetivo de presentar la iniciativa al Congreso de la Unión un día después.
“El objetivo de esta consulta es recibir opiniones, sugerencias y planteamientos sobre la propuesta de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, quienes serán los titulares de los derechos reconocidos en esta legislación”, se explicó.
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La futura ley parte de la reforma al artículo segundo de la Constitución, publicada el 30 de septiembre de 2024, mediante la cual se reconoció a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Ese reconocimiento constitucional constituye la base jurídica sobre la que ahora se busca construir una legislación que establezca la forma en que esos derechos deberán ejercerse.
Por su parte, el director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino, señaló que la finalidad de la ley es promover, proteger, garantizar e implementar los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, para que puedan ejercer plenamente su autonomía y participar en la vida pública del país.
