Durante la tarde del pasado viernes, en la comunidad El Ideal del municipio Lázaro Cárdenas, autoridades del Gobierno de Quintana Roo y representantes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) sostuvieron una reunión con comisariados ejidales y habitantes de la zona norte para establecer acuerdos técnicos y jurídicos que permitan avanzar en la ampliación de la carretera federal Cancún-Mérida, conocida como la “carretera de la muerte”.
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En el encuentro participó el Comité de Defensa de la Ampliación de la Carretera Federal Cancún-Mérida, cuyos reclamos derivaron en bloqueos sobre esta vía. El proyecto contempla modernizar 72 kilómetros, desde los límites con Yucatán hasta el acceso a Cancún. De acuerdo con la propuesta presentada por la dependencia federal, la nueva vialidad tendrá una carpeta asfáltica de 12 metros de ancho y un derecho de vía de 40 metros, distribuido en 20 metros por cada lado.
El diseño también considera seis entronques a nivel y un paso inferior vehicular que conectará con la ruta del Tren Maya. En las zonas urbanas se prevén secciones especiales con al menos dos carriles por sentido, además de banquetas y áreas verdes para reducir las afectaciones a los habitantes. Para consolidar la obra y obtener su registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), requisito para asignar los recursos presupuestales, las autoridades señalaron que primero deberán cumplirse diversas etapas técnicas y legales.
Entre las condiciones prioritarias se encuentran la liberación total del derecho de vía, la obtención de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y los dictámenes del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), con el objetivo de descartar vestigios arqueológicos en las áreas donde se desarrollarán los trabajos. El trazo involucra terrenos de varios núcleos ejidales y asentamientos de la región, entre ellos Nuevo Xcán, a la altura del kilómetro 80; El Tintal y su anexo El Pocito; Santo Domingo; Cristóbal Colón; Valladolid Nuevo; y Leona Vicario, además de predios federales, nacionales y de pequeña propiedad.
Cada caso requerirá procesos jurídicos específicos para regularizar donaciones, segregaciones y demás documentos necesarios. José Jorge Herrera, en representación de la titular Cristina Torres, subrayó que el avance dependerá de la coordinación y voluntad política, social y ejidal de los sectores involucrados, por ello, pidió mantener la paciencia y continuar con el trabajo conjunto. En la reunión se acordó integrar un comité de seguimiento con representantes del Gobierno del Estado y comisariados ejidales. Este coordinará las asambleas informativas y técnicas, tentativamente en Valladolid Nuevo y Nuevo Xcán, con apoyo de la Secretaría General del Ayuntamiento y la Dirección de Catastro para ubicar y brindar asesoría jurídica a los pequeños propietarios afectados
