La Contraloría Municipal de Benito Juárez tiene abiertas seis investigaciones administrativas contra servidores públicos de distintas áreas del Ayuntamiento, derivadas de presuntos actos de corrupción y abuso de autoridad.
Entre las dependencias en la mira están Fiscalización, Registro Civil, así como la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Tránsito, dependencias de alto contacto con la ciudadanía, aunque hasta ahora con resultados limitados y escasa información pública.
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De las seis denuncias formales contra empleados municipales, dos involucran al Registro Civil y uno a Fiscalización, además de otros casos en Seguridad y Tránsito Municipal. No obstante, desde el 2025 se contabilizan más de 130 funcionarios bajo indagatoria, con quejas que van desde deficiencias en el servicio hasta posibles conductas ilícitas.
Asimismo, la Contraloría ha canalizado alrededor de 50 expedientes por presunta corrupción al Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción de Quintana Roo, que incluyen a personal de Tránsito, Registro Civil y Fiscalización. Sin embargo, no todos los asuntos han sido judicializados ni detallados públicamente.
El año pasado fueron separados de sus cargos 23 elementos —entre policías y agentes de Tránsito— por diversas irregularidades y presuntos actos indebidos, además de la entonces titular de la Dirección de Protección y Bienestar Animal, por anomalías graves en esa área, así como una funcionaria de una oficialía del Registro Civil. A pesar de ello, las autoridades no han informado el avance ni el alcance de estas investigaciones, ni siquiera a los integrantes del Cabildo.
Si bien, los funcionarios han reconocido que los expedientes continúan en proceso de integración y que la mayoría está en etapa de sustanciación, esto implica que aún no se han dictado sanciones definitivas ni concluido los procedimientos administrativos. Las indagatorias abiertas abarcan diversas irregularidades denunciadas por ciudadanos y detectadas mediante auditorías.
Entre las principales quejas destacan cobros indebidos, prácticas de “coyotaje” y tratos discrecionales en el Registro Civil, incluyendo supuestas exigencias de pagos extraoficiales para agilizar trámites como actas de defunción o matrimonio.
En el caso de Fiscalización se investigan abusos de autoridad y posibles actos de corrupción relacionados con inspecciones, sanciones y cobros a comercios o contribuyentes, aunque la Contraloría no ha hecho públicos los detalles de casos específicos.
Mientras que, en el ámbito de Tránsito Municipal, agentes han sido exhibidos en diversas ocasiones por presuntos sobornos o prácticas irregulares, existiendo antecedentes de elementos separados del cargo tras difundirse videos donde aceptan pagos indebidos. Incluso ayer se viralizó una nueva grabación en la que se observa a elementos de Tránsito dialogando con motociclistas sin casco en Villas Otoch, posteriormente una mujer se acerca al conductor de una patrulla para entregarle algo a cambio de su licencia.
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De acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), el 80.8 por ciento de la población de 18 años y más en Quintana Roo considera que la policía de Tránsito es corrupta.
Por otro lado, comerciantes han denunciado que inspectores y personal de Fiscalización aplican multas o sanciones arbitrarias mediante cobros no oficiales, bajo la amenaza de clausuras o penalizaciones, aunque muchas de estas quejas aún no derivan en sanciones administrativas visibles. Lamentaron que, pese a los compromisos de una política de “Cero Corrupción”, la mayoría de los casos continúe en fase de investigación. La ausencia de cifras precisas e informes públicos detallados sobre cada expediente limita la transparencia y el seguimiento del proceso sancionador