El revés propinado por juzgados federales a la concesionaria Aguakan reactivó la intención del gobierno estatal de someter a la empresa a una auditoría integral. La revisión busca esclarecer si los ingresos por más de mil millones de pesos anuales que la empresa reporta a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y reflejan en la inversión obligatoria en infraestructura hidráulica y saneamiento, como establece su contrato de concesión, que fija un porcentaje de reinversión de utilidades para mantenimiento y expansión de la red.
De acuerdo con fuentes oficiales, la revisión fiscal y financiera arrancaría de manera formal en las próximas semanas, una vez que se conforme el equipo técnico que encabezará la auditoría, con participación de instancias estatales y federales, así como despachos especializados externos.
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El objetivo, señalan, es detectar posibles irregularidades contables, subejercicios en inversión y el destino real de los recursos captados por tarifas, recargos y conceptos extraordinarios.
“Si se confirman anomalías, el gobierno no descarta sanciones administrativas, ajustes a la concesión o incluso procesos de rescisión”, confirmó la fuente que pidió el anonimato.
Mientras tanto, Aguakan mantiene su estrategia legal. La empresa ya ha promovido tres amparos contra resoluciones y medidas estatales, y fuentes cercanas al caso anticipan que podría interponer nuevos recursos de apelación para frenar o acotar el alcance de la auditoría.
El litigio, sin embargo, no detiene el cobro del servicio, y los usuarios siguen pagando recibos que, aseguran, no reflejan la calidad del suministro.
Cuatro ciudadanos consultados relatan afectaciones directas que no respetan estatus económico, pues lo mismo afectan a zonas residenciales de alta plusvalía, incluso en la zona hotelera, que a colonias populares e incluso en asentamientos irregulares.
Luis Gerardo expuso que dejó Cancún durante más de un año porque en su empresa lo mandaron a hacer un trabajo a otras ciudades del país y aunque no consumió agua, Aguakan le esta cobrando más de 80 mil pesos.
Señaló que como no pagó le cortaron el suministro, aunque cuando mando a una familiar a checar, notaron que aunque no tenía servicio, el medidor seguía trabajando como si estuviera entrando agua”, es un vil robo lo que hacen los de Aguakan.
Patricia Gómez, vecina de la Región 95 de Cancún, afirmó que su recibo se duplicó en tres meses pese a tener baja presión constante. “Pago como si tuviera agua todo el día y apenas sale un hilo”, dijo.
Jorge Ramírez, comerciante en Playa del Carmen, señaló cortes sin aviso. “Pierdo ventas porque no puedo abrir sin agua”.
En Isla Mujeres, Rosa Hernández denunció cargos por “consumo estimado” que no logra aclarar. Desde Puerto Morelos, Luis Andrade sostuvo que ha reportado fugas frente a su casa durante semanas sin respuesta.
Desde dentro de la empresa, dos trabajadores que pidieron omitir sus nombres por temor a represalias, advirtieron que la operación se sostiene con personal reducido.
Carlos M. señaló que, tras un proceso de “depuración”, las cuadrillas cubren jornadas de hasta 15 horas diarias. “No damos abasto para mantenimiento ni para atender quejas”.
Ana L. agregó que se han multiplicado los reportes de alcantarillas rebosadas, sobre todo en Cancún. “Hay colonias con aguas residuales en calles y avenidas y no hay suficientes equipos para responder”.
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También cuestionan el estado de las plantas de tratamiento. Ambos coinciden en que varias operan por debajo del 30 por ciento de su capacidad por falta de insumos y mantenimiento, sin una supervisión efectiva de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (Capa) ni de la Conagua.
En el plano legal, el abogado especialista en derecho administrativo Roberto Alcázar explicó que los amparos buscan ganar tiempo y limitar actos de autoridad.
“Un juez puede suspender temporalmente una auditoría, pero si se trata de una revisión fiscal con fundamento legal, es difícil frenar el fondo del proceso. Si se detectan irregularidades graves, la concesión puede ser modificada o incluso cancelada”, advirtió.
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