Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) con sede en Cancún se sumaron este viernes a la movilización nacional contra el nuevo esquema de evaluación del desempeño, al realizar un cierre simbólico de las instalaciones y colocar una lona de protesta para exigir respeto a sus derechos laborales, principalmente a la estabilidad en el empleo y las plazas de base. La inconformidad surgió tras la publicación, el pasado 5 de noviembre, de un acuerdo del Órgano de Administración Judicial (OAJ) que establece nuevos mecanismos de evaluación para el personal de carrera judicial, entre ellos secretarios, actuarios y oficiales judiciales.
Ángel Emiliano Ruiz Vidal, secretario instructor del Segundo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en Quintana Roo, con sede en Cancún, explicó que los trabajadores no están en contra de ser evaluados, sino de que parte de su calificación dependa de criterios de los titulares de los órganos jurisdiccionales, lo que consideran podría prestarse a valoraciones subjetivas.
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Advirtió que el nuevo esquema también genera preocupación porque contempla certificaciones de permanencia por periodos de uno o dos años, dependiendo de los resultados, lo que desde su perspectiva podría condicionar derechos laborales adquiridos por trabajadores que llevan años en la institución. “Estamos defendiendo nuestros derechos. No estamos defendiendo aire, estamos defendiendo la estabilidad en el empleo, la permanencia y la vigencia de las bases”, expresó.
El trabajador señaló que muchos empleados ingresaron mediante concursos para ocupar sus plazas y que, después de cumplir los requisitos legales y generar derechos de antigüedad, consideran injusto que ahora su continuidad pueda quedar sujeta a evaluaciones periódicas. En Cancún, la protesta consistió en un cierre simbólico de puertas, sin que esto representara, al momento de la entrevista, una suspensión total de actividades. Ruiz Vidal aseguró que se mantendrían guardias para permitir el ingreso de ciudadanos y abogados, así como la recepción de escritos y trámites.
Aclaró que todavía no podía hablarse formalmente de un paro laboral, pues estaban a la espera de una circular oficial que determinara la suspensión de actividades y la declaración de un día inhábil.
La movilización local coincidió con el pronunciamiento del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, que colocó lonas en distintas sedes (al menos 10 estados) para exigir una mesa de trabajo inmediata con las presidencias de la Suprema Corte y del Tribunal de Disciplina Judicial, además de respuestas sobre incrementos salariales, prestaciones, nombramientos, basificación y denuncias de acoso laboral.
Por su parte, el OAJ sostuvo que la evaluación prevista para diciembre tendrá carácter exclusivamente diagnóstico y no tendrá consecuencias inmediatas sobre la permanencia de los trabajadores.
Sin embargo, los inconformes piden revisar las disposiciones para garantizar que los mecanismos de evaluación no se conviertan en herramientas que vulneren sus derechos laborales.
