El inicio del ciclo escolar volvió a poner en marcha una rutina que miles de familias resuelven cada mañana: quién lleva a los niños a la escuela y quién los recoge al terminar las clases. Mientras algunos padres realizan personalmente los traslados, otros recurren al transporte escolar o a vehículos particulares contratados mediante acuerdos entre familias.
La diferencia no es solo de costo o comodidad. Mientras el servicio formal requiere autorización y condiciones específicas de operación, en la ciudad también existen traslados de menores organizados entre particulares, donde no siempre resulta claro bajo qué condiciones se presta el servicio, ni quién responde ante un incidente durante el trayecto.
Para quienes cuentan con automóvil propio, el recorrido implica tiempo, combustible y enfrentar diariamente el tráfico. Para las familias que viven lejos de los planteles o deben cumplir horarios laborales, encontrar una alternativa segura puede convertirse en una necesidad.
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El transporte escolar representa una opción para algunas familias, aunque su disponibilidad y costo no siempre permiten que todos puedan utilizarlo.
En Quintana Roo, el servicio privado de transporte escolar requiere autorización del Instituto de Movilidad del Estado (Imoveqroo). La modalidad está destinada al traslado de estudiantes entre sus domicilios y centros de estudio y puede ser contratada por instituciones educativas, asociaciones de padres de familia o particulares.
Para operar, las unidades deben cumplir requisitos administrativos y documentales, entre ellos acreditar la propiedad o disponibilidad del vehículo, contar con tarjeta de circulación y póliza de seguro vigente, además de cumplir las condiciones establecidas por la autoridad estatal.
Una necesidad cotidiana
La madre de familia Gila Castro, consideró que el transporte escolar podría representar una solución particularmente necesaria para estudiantes que viven en zonas alejadas de los centros educativos.
“Sería muy bueno que existiese algún transporte estudiantil público, ya que a algunos papás se nos hace difícil llegar a las escuelas para traerlos o llevárnoslos, porque son dos vueltas que se hacen. Tenemos que pasar por zonas peligrosas, terracerías o hasta en el monte”, relató.
El problema se repite en distintos puntos de Cancún. Los horarios escolares coinciden con la entrada laboral de muchos padres, lo que obliga a organizar traslados con familiares, vecinos o servicios contratados.
Marcela Rosas, madre de un estudiante de colegio privado, recordó que recurrió al transporte escolar cuando sus actividades laborales le impidieron realizar personalmente los recorridos.
Durante el tiempo que utilizó el servicio, dijo, no enfrentó problemas y su hijo incluso guardó buenos recuerdos de los trayectos compartidos con otros compañeros.
Para las familias; sin embargo, la decisión no depende únicamente del costo o la comodidad. La seguridad y la certeza sobre quién conduce y bajo qué condiciones se realiza el traslado son factores fundamentales.
Los acuerdos entre particulares
En algunos casos, padres de familia llegan a acuerdos con personas de confianza para transportar a varios menores en vehículos particulares. Se trata de una alternativa surgida de la necesidad cotidiana y de la cercanía entre familias.
Un padre, un vecino o una persona conocida con un vehículo de mayor capacidad puede recoger a varios estudiantes en sus domicilios o llevarlos de regreso después de clases, a cambio de una aportación acordada entre las familias.
Los propios padres consultados consideraron que esta opción puede resultar práctica cuando conocen al conductor y existe confianza entre quienes contratan el servicio. Aun así, reconocieron que trasladar menores implica una responsabilidad que no debería reducirse únicamente a la relación personal.
La diferencia con el servicio formal radica en que el transporte escolar privado está contemplado dentro de las modalidades sujetas a autorización y supervisión por parte del Imoveqroo.
El servicio formal
Guadalupe Gutiérrez, operadora de transporte escolar consultada para el reportaje, explicó que trasladar menores implica una responsabilidad que va más allá de conducir una unidad.
“Es una responsabilidad muy grande porque desplazar a niños en transporte es peligroso. Hay que garantizar la integridad de cada uno de ellos”, señaló.
También explicó que la conducción debe adaptarse a las características del servicio y que los menores requieren atención durante los recorridos.
Además de los transportistas particulares autorizados, algunos colegios y universidades cuentan con unidades propias o servicios contratados para facilitar los desplazamientos de sus alumnos.
Los costos pueden variar según el plantel, la distancia y las características del recorrido, por lo que para algunas familias el servicio representa una alternativa accesible y para otras un gasto adicional difícil de asumir.
El permiso estatal exige documentación relacionada con las condiciones de operación de las unidades, incluido el aseguramiento y el mantenimiento vehicular.
Una decisión que va más allá del precio
Para los padres, elegir cómo llegan sus hijos a la escuela puede convertirse en una decisión condicionada por el trabajo, la distancia y los recursos disponibles.
Quienes cuentan con un vehículo propio enfrentan diariamente el tráfico, así como el tiempo invertido en los recorridos. Otras familias dependen del transporte público o de familiares, mientras que algunas optan por contratar servicios particulares.
La preocupación aparece cuando no existe claridad sobre las condiciones en que se realiza el traslado.
“Los padres deben investigar muy bien la manera en la que sus hijos se trasladan a la escuela. Ni por error deben confiar el que sus hijos sean desplazados en autos de personas desconocidas”, advirtió una de las voces consultadas para el trabajo.
La recomendación adquiere mayor relevancia porque el transporte de estudiantes involucra directamente la seguridad de menores y porque, al contratar un servicio, los padres deben conocer quién lo presta y bajo qué condiciones opera.
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Supervisión, el otro eslabón
El Imoveqroo mantiene facultades de supervisión e inspección sobre las distintas modalidades de transporte para verificar el cumplimiento de la normatividad estatal.
Durante el 2025, el Instituto reportó más de 50 mil supervisiones a servicios de transporte en Quintana Roo dentro de sus acciones preventivas; sin embargo, la información pública disponible no permite conocer cuántas correspondieron específicamente al transporte escolar, ni cuántas unidades dedicadas al traslado de estudiantes operan actualmente en Cancún.
Esa falta de una cifra pública específica dificulta conocer el tamaño real de la oferta formal frente a todos los acuerdos particulares que algunas familias realizan, con el fin de resolver los traslados cotidianos.
Mientras tanto, la necesidad permanece. Cada ciclo escolar obliga a miles de padres a resolver el mismo problema: quién llevará a sus hijos a clases y quién los recogerá al terminar la jornada.
Para algunas familias, el transporte escolar permite conciliar los horarios laborales con la escuela. Para otras, sigue siendo un servicio inaccesible o inexistente en sus zonas de residencia.
Entre los vehículos particulares, los servicios contratados, las unidades escolares y el apoyo de familiares, la responsabilidad final sigue recayendo en los padres, que cada mañana deben decidir en quién confían para poner a sus hijos en camino.
