En el estado de Quintana Roo, el 70.44 % de la población privada de la libertad (PPL) se encuentra sin sentencia, según datos oficiales del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), correspondientes a septiembre de 2025.
En ese aspecto, del total de internos, 3,184 se encuentran en proceso judicial sin sentencia, mientras que solo 1,336 cumplen una pena tras sentencia.
De los primeros, 3 056 pertenecen al fuero común y 128 al federal; de los sentenciados, 1 112 cumplen condena por delitos del fuero común y 224 por delitos del fuero federal.
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La PPL en los centros de la entidad está integrada por 4 226 hombres y 294 mujeres, de acuerdo con la misma fuente.
En Quintana Roo operan cuatro centros penitenciarios; el Centro de Reinserción Social de Cancún (CERESO Cancún), el CERESO de Cozumel, el CERESO de Chetumal y el Centro de Retención Municipal de Playa del Carmen, este último en proceso de entrega al Gobierno estatal.
Estas cifras reflejan un rezago significativo de justicia. La mayoría de la población penitenciaria estatal permanece sin resolución judicial por parte de los órganos de justicia, lo que implica implicaciones en materia de derechos humanos, condiciones de reclusión y reinserción social.
El informe oficial puntualiza que los datos están sujetos a ajustes debido a variaciones judiciales, ministeriales o administrativas.
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La distribución por fuero, común y federal, y situación jurídica subraya retos estructurales para el sistema penitenciario del estado, desde la capacidad de dictar sentencias en tiempo oportuno hasta la garantía de acceso a la defensa legal, así como la atención específica para mujeres privadas de la libertad, quienes representan un porcentaje menor, pero enfrentan, igualmente, demoras en su situación jurídica.
Este panorama plantea desafíos inmediatos para las autoridades estatales y federales en materia penitenciaria, entre ellos: reducir el volumen de procesados sin sentencia, mejorar la transparencia del sistema judicial, fortalecer los mecanismos de reinserción social y garantizar condiciones adecuadas en los centros de reclusión.
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Asimismo, el reporte abre la necesidad de un seguimiento público sistemático de estos indicadores para evaluar avances y diseñar políticas que reduzcan la carga de personas en espera de una decisión judicial.
