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Quintana Roo / Chetumal

Autoridades de Quintana Roo retiran decenas de cámaras de seguridad ilegales

Múltiples dispositivos fueron retirados en los municipios de Othón P. Blanco, Benito Juárez, Playa del Carmen y Felipe Carrillo Puerto
En la entidad se realizan las labores para retiros distintos dispositivos no autorizados.
En la entidad se realizan las labores para retiros distintos dispositivos no autorizados.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) dio a conocer que se ha realizado el retiro de múltiples cámaras de seguridad ilegales en distintos puntos de la entidad, entre ellos se cuenta Chetumal, Cancún, Playa del Carmen, Mahahual y Felipe Carillo Puerto, las cuales no cuentan con la autorización de las autoridades y son utilizadas por células delictivas para monitorear a la ciudadanía y cometer ilícitos con mayor libertad.

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De acuerdo con el titular de la SSC, Julio César Gómez, las cámaras de videovigilancia clandestinas que se han desmantelado han sido encontradas en postes de luz o de teléfono, en árboles e incluso en parques, siendo estos lugares en los que no se instalan cámaras de las autoridades, ya que todas cuentan con una instalación específica, por lo que incluso los postes donde son instaladas se ponen específicamente para la vigilancia de la ciudadanía.

En ese sentido, señaló que instalar cámaras en esos puntos y sin la autorización de las autoridades correspondientes se considera un ilícito, ya que se viola la normativa de videovigilancia de la entidad, ya que los ciudadanos no pueden instalar cámaras de seguridad en otros puntos que no sean sus domicilios u otros inmuebles particulares que sean de su propiedad, mas no espacios públicos.

Al respecto, mencionó que estas cámaras se han encontrado en los municipios de Othón P. Blanco, específicamente dos en Chetumal y una en Mahahual, siendo de las más grandes; una en Benito Juárez, en la zona de Santa Cecilia de la ciudad de Cancún; en Playa del Carmen, en una zona de invasión; y una en Felipe Carrillo Puerto.

Finalmente, Gómez exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier cámara de seguridad que se detecte y que esté instalada en lugares como los ya mencionados, toda vez que se trata de dispositivos ilegales que en su mayoría son operados por células delictivas para monitorear a la ciudadanía y a las autoridades, con el fin de llevar a cabo actos ilícitos de manera más precisa y calculada, sabiendo que las autoridades se encuentran fuera de la zona donde operan.

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