Al término de las mesas de diálogo sostenidas este jueves en las oficinas de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en Chetumal, el presidente nacional de la Asociación Nacional Transportista (ANTAC), David Estévez Gamboa, responsabilizó directamente al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) de frenar el proceso de indemnización por tierras ejidales ocupadas hace 53 años en la Ribera del Río Hondo, y anunció que exigirán la renuncia de la titular de dicho organismo.
Ante cientos de campesinos congregados en el exterior de la dependencia federal, esta tarde el dirigente señaló que las instancias gubernamentales "se están echando la pelota" para alargar los tiempos administrativos y evitar cubrir el adeudo durante el presente ejercicio fiscal, pese a que existe un dictamen del Tribunal Agrario que establecía un plazo de 30 días para emitir el avalúo y solicitar de inmediato el recurso ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Noticia Destacada
Embajada de México emite recomendaciones de seguridad para connacionales en Belice
Estévez Gamboa advirtió que, debido al cierre del año presupuestal, el pago difícilmente se concretará antes de diciembre, por lo que la estrategia inmediata será presionar mediante puntos de acuerdo y exhortos desde el Poder Legislativo para garantizar que la liquidación se ejecute en los primeros meses del próximo año. Asimismo, afirmó que no requerirán la intermediación del gobierno estatal al tratarse de un asunto estrictamente federal en el que, dijo, no han recibido acompañamiento local.
Durante su intervención, el líder transportista subrayó que casos como el del ejido Ramonal —con 13 años de litigio— y el de Butrón deben resolverse mediante convenios administrativos directos para evitar procesos judiciales que se prolonguen por décadas. En ese contexto, reiteró que productores agrícolas y transportistas de los 32 estados del país se encuentran listos para convocar a un paro nacional ante la falta de precios de garantía en el campo, el desabasto en el sector salud y la falta de vigilancia efectiva en las carreteras federales.
