Tras semanas de una intensa campaña mediática y versiones cruzadas que apuntaban a una presunta desaparición forzada, María Adela Morales Correa regresó a Quintana Roo para ofrecer un testimonio que cambia radicalmente la narrativa del caso. En una declaración pública, la joven desmintió las acusaciones de secuestro y trata de personas difundidas por su madre, Cristina Ramírez, revelando que su ausencia se debió a un internamiento voluntario por salud mental y denunciando un historial de abusos físicos y emocionales que hoy la mantienen bajo medidas de protección oficial.
María Adela aclaró que su viaje a la Ciudad de México, iniciado el pasado 16 de enero, tuvo como motor principal una crisis emocional profunda. Aunque inicialmente viajó para celebrar su cumpleaños y posteriormente obtuvo un empleo como auxiliar de residencia de obra, su estado anímico se deterioró gravemente. "Ya llevaba tiempo con la idea suicida, estaba muy deprimida y cansada de todo; yo tenía la intención de terminar con mi vida", confesó. Ante este panorama, decidió buscar ayuda profesional de manera autónoma, ingresando por voluntad propia al Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, luego de que especialistas le advirtieran sobre el alto riesgo que representaba para sí misma.
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Durante su intervención, la joven salió en defensa de la institución médica, la cual había sido blanco de señalamientos legales por parte de su madre. Aseguró que el hospital respetó en todo momento sus derechos humanos y que la Fiscalía de la Ciudad de México estuvo presente para corroborar, mediante entrevistas y fotografías, que se encontraba internada por decisión propia y en pleno uso de sus facultades. "El hospital en ningún momento me violentó. Estoy muy agradecida", puntualizó.
El punto más crítico de su testimonio fue la confrontación directa con la versión de su progenitora. María Adela fue tajante al explicar que la razón detrás del distanciamiento es el abuso físico y emocional que asegura haber sufrido a manos de Cristina Ramírez. Relató que, mientras estaba internada, fue obligada a ver a su madre en tres ocasiones debido a los recursos legales que esta promovió. En dichos encuentros, intentó explicarle que no estaba retenida contra su voluntad, pero ante la negativa de su madre a detener la campaña mediática, decidió cortar toda comunicación. Fue tal el temor de ser retirada del hospital a la fuerza, que las autoridades capitalinas y el instituto diseñaron un protocolo de salida especial para salvaguardar su integridad.
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La joven también aprovechó el espacio para limpiar el nombre de sus amigas, quienes fueron señaladas en redes sociales como presuntas tratantes. Entre lágrimas, lamentó que sus redes de apoyo estén viviendo con miedo y bajo amenazas de muerte. "Mis amigas no son criminales, son personas que me brindaron apoyo y ahora tienen miedo hasta de salir de sus casas", denunció, haciendo responsable a la desinformación de este acoso.
Actualmente, María Adela cuenta con una orden de protección y recibe acompañamiento tanto del Gobierno de Quintana Roo como de las autoridades de la Ciudad de México. Ante la exposición pública de sus datos personales, la joven manifestó vivir con el temor constante de ser localizada por su madre, por lo que adelantó que interpondrá nuevas demandas legales.
