En un sorpresivo operativo ejecutado durante el pase de lista matutino, elementos de la Fiscalía General del Estado aseguraron a cinco agentes policiacos, cuatro municipales y una estatal, al interior de las propias instalaciones de la Policía Municipal de Othón P. Blanco, acusados de estar directamente implicados en la privación ilegal de la libertad de tres jóvenes desaparecidos hace unos días en el Boulevard Bahía.
De acuerdo con información obtenida de fuentes de seguridad, la captura de los uniformados fue producto del análisis de las evidencias obtenidas mediante las grabaciones de video de una propia unidad policial. En el material, cuya existencia ya está en manos de la Fiscalía General del Estado, se observa supuestamente el momento en que los efectivos reciben sumas de dinero en efectivo por parte de presuntos integrantes del crimen organizado, a cambio de colaborar activamente en la ejecución del "levantón".
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El pago del favor habría quedado registrado por la cámara de videovigilancia de la patrulla, lo que se convirtió en la prueba clave para ordenar su inmediata detención. La transacción ilícita demostraría el nivel de colusión entre elementos activos de la policía y células delictivas que operan en la zona sur del estado, utilizando a la corporación como brazo operativo para la desaparición de personas.
Trascendió que el operativo para su aprehensión se realizó frente a toda la tropa,
Entre los arrestados se encuentra un policía estatal comisionado a la Policía Municipal, identificado con el apellido Larriva, quien presuntamente fungía como enlace. Junto a él fueron asegurados de manera inmediata cuatro elementos municipales identificados como Barajas, Ana Karen, un sujeto apodado "El Chacal" y uno más de nombre Rogelio.
Fuentes al interior de la Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmaron que los cinco fueron despojados de sus armas de cargo para posteriormente ser trasladados bajo un fuerte dispositivo de seguridad a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado.
Los implicados ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público para dar curso a las investigaciones correspondientes por los delitos de desaparición forzada de personas cometida por particulares con la participación de servidores públicos, abuso de autoridad y presuntos nexos con la delincuencia organizada.
La FGE será la encargada de deslindar su responsabilidad penal directa en la desaparición de tres víctimas.
Este hecho representa uno de los golpes más duros a la corrupción policial al interior de los mandos capitalinos en la actual administración y abre una línea de investigación sobre hasta dónde llega la infiltración criminal en las corporaciones encargadas de la seguridad de los chetumaleños.
