Indignación y rechazo ciudadano estalló esta semana en el municipio Lázaro Cárdenas, donde cientos de contribuyentes reportaron ante medios y redes sociales alzas de hasta 300% en el pago del impuesto predial 2026.
María G., Humberto M. y I.D. recriminaron el aumento al gravamen citado, así como la aplicación de nuevas tarifas a proveedores en Holbox, derivadas de recientes actualizaciones catastrales y reformas fiscales.
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Dijeron que las disposiciones fueron avaladas por el Cabildo y promovidas por la administración del alcalde Nivardo Mena, bajo el argumento de mejorar la recaudación, pero en los hechos representan un impacto directo a la economía de familias y pequeños negocios locales.
Testimonios recabados evidenciaron una situación alarmante: ciudadanos que en el 2025 pagaban 800 pesos ahora enfrentan boletas de 3 mil 700, mientras que en zonas populares, recibos que rondaban los 250 pesos superan mil pesos.
El aumento no llegó solo, ya que el Ayuntamiento impuso la actualización obligatoria de la cédula catastral como requisito previo, lo que añade un costo adicional que muchos consideran un cobro encubierto.
María G., afectada por la medida, calificó de excesivo el criterio aplicado, mientras que Humberto M. señaló la corresponsabilidad del cuerpo edilicio: “No es sólo el Alcalde; el Cabildo aprobó estos montos sin analizar el daño al bolsillo de quienes menos tienen”.
La presión recaudatoria también alcanzó a Holbox, donde el impacto amenaza con alterar la cadena de abasto y encarecer el costo de vida. De acuerdo con transportistas y comerciantes como I.D., el esquema de cobro a proveedores cambió de forma drástica: lo que antes era un pago único de 100 pesos por ingreso de camionetas ahora es un cobro por hora calculado con base en la UMA.
Detallaron que con este modelo, una unidad de carga ligera paga alrededor de 117.30 pesos por hora. Dado que la logística insular depende de los horarios de los ferrys, los vehículos deben permanecer varias horas estacionados, elevando el gasto diario a niveles desproporcionados. En camiones pesados, la cuota puede llegar a mil 130 pesos al día.
La percepción general es de abuso de autoridad.
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Los contribuyentes exigieron al Presidente Municipal una revisión inmediata de las tablas catastrales y recriminaron la desorganización en las oficinas de cobro, donde no se brindan explicaciones claras sobre los nuevos criterios.
Hasta el cierre de esta edición, el Ayuntamiento no había emitido ningún informe técnico que justifique por qué un inmueble del primer cuadro debe pagar el triple que el año anterior, dejando a la población en vulnerabilidad económica y desamparo legal.
