La comunidad limítrofe de Quintana Roo, ubicada en el municipio Lázaro Cárdenas, enfrenta una severa crisis humanitaria, educativa y de seguridad pública derivada de su indefinición territorial con Yucatán, una problemática que se agravó tras el aparente rechazo del área jurídica del Ayuntamiento a intervenir en la situación legal y social del poblado, denunció el subdelegado municipal, Elías Chuc Simá.
El poblado está situado a 18 kilómetros al oeste de Kantunilkín y colinda con Tizimín, Yucatán, con una población aproximada de 80 habitantes distribuidos en 10 familias, donde lo que hace medio siglo funcionó como salón de clases hoy es una estructura deteriorada que refleja el abandono de una comunidad que hace 100 años fue referente en la región. El Subdelegado dijo que actualmente, la ausencia de docentes y de programas del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) obliga a los estudiantes a cruzar diariamente los límites estatales para recibir instrucción básica en territorio yucateco.
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Señaló que el transporte en autobús representa un desembolso de 40 pesos diarios por alumno, considerando viaje de ida y regreso, cantidad que, sumada a los gastos de alimentación, resulta inaccesible para hogares que dependen exclusivamente de las labores agrícolas de subsistencia.
Quienes poseen motocicleta deben enfrentar los peligros de la carretera estatal, exponiendo a los menores a las condiciones climáticas adversas y al constante tránsito de unidades pesadas característico de esta zona.
A pesar de cursar sus estudios en Yucatán, los estudiantes mantienen su residencia legal en Quintana Roo, situación que provoca que sean excluidos de los esquemas de apoyo de ambas entidades. Como consecuencia, no pueden acceder a programas como la beca “Rita Cetina” ni a las del Bienestar, al ser considerados ajenos a la jurisdicción correspondiente. Esta situación ya ocasionó el abandono escolar definitivo de dos menores.
Ante la falta de respuestas, Chuc Simá acudió de manera formal ante el Secretario general del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas para presentar documentación histórica que acredita la legalidad de las tierras pertenecientes a Quintana Roo.
La reacción institucional, según expuso, fue adversa. El departamento jurídico municipal adoptó una postura negativa y determinó que la administración local no tiene facultades para revisar evidencias relacionadas con límites territoriales, argumentando que cualquier resolución corresponde a autoridades agrarias o federales.
El representante comunitario calificó esta actitud como una muestra de abandono hacia una problemática que mantiene al poblado catalogado internamente como una “zona cero”, donde los habitantes no cuentan con el respaldo de su propio estado, pero tampoco reciben reconocimiento de la entidad vecina, quedando excluidos de programas estratégicos como “Sembrando Vida”.
El origen del conflicto se remonta a una permuta territorial realizada en 1952, mediante la cual el ejido de Kantunilkín cedió un polígono a la antigua hacienda San Enrique a cambio de la superficie que actualmente ocupa la comunidad, acuerdo de uso común que, según el Subdelegado, está plenamente documentado.
Explicó que el ejido de Kantunilkín lleva años intentando recuperar el polígono número 2 debido a su alta plusvalía, desconociendo el intercambio efectuado con dicha hacienda. Esta situación coloca en incertidumbre jurídica a la localidad, ya que, de prosperar dicha pretensión, los terrenos donde se encuentra Quintana pasarían a formar parte de esa antigua propiedad. No obstante, aseguró que existen documentos oficiales y publicaciones del Diario Oficial de la Federación que acreditan la modificación acordada entre ambas partes.
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Afirmó que las carencias no se limitan al ámbito educativo. El poblado carece por completo de servicios médicos; para recibir atención básica, los habitantes deben trasladarse hasta Kantunilkín, pagando 30 pesos de pasaje. La situación se vuelve más delicada durante emergencias nocturnas, cuando contratar un vehículo particular desde Luis Rosado Vega, Yucatán, hasta la cabecera municipal de Lázaro Cárdenas puede costar hasta 300 pesos, una suma elevada para las familias jornaleras.
La única inversión relevante realizada en los últimos años fue la construcción de un domo deportivo durante administraciones anteriores, infraestructura que actualmente presenta deterioro por falta de mantenimiento. Asimismo, el parque infantil se reduce a tres juegos oxidados y en malas condiciones.
También requieren con urgencia la construcción de banquetas, ya que peatones y niños transitan sobre una vía de alta velocidad. El único alivio económico registrado durante el ejercicio fiscal del 2025 fue la recepción de 84 mil pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, recursos destinados a la rehabilitación de un camino de uso agrícola.
