El subdelegado municipal de la comunidad Quintana, Elías Chuc Simá, solicitó de manera formal a autoridades del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas y del Gobierno del Estado una intervención urgente para definir la situación jurídica y social de la localidad, que enfrenta una crisis de acceso a educación y programas sociales debido a su ubicación limítrofe con Yucatán.
Los menores se ven obligados a estudiar en el estado vecino por la falta de infraestructura escolar, lo que los deja fuera de becas federales y estatales al no coincidir su domicilio con el lugar donde cursan clases. Esta problemática fue confirmada por el propio subdelegado y también señalada anteriormente por el ciudadano Gaspar Escamilla.
Noticia Destacada
Registran más del 10% de ausentismo escolar en escuelas de Lázaro Cárdenas
Ubicada a 18 kilómetros de la cabecera municipal, Quintana parece fuera de las prioridades gubernamentales. En esta zona fronteriza con Tizimín, la educación ha dejado de ser un derecho para convertirse en un privilegio que implica costos económicos y esfuerzo físico diario.
Con apenas 80 habitantes distribuidos en 10 familias, la comunidad carece de escuelas de cualquier nivel. Lo que hace décadas fue un aula hoy es una estructura abandonada que evidencia el rezago histórico. La ausencia de docentes o programas del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) obliga a los niños a trasladarse a Yucatán para recibir educación básica.
El costo de este traslado resulta insostenible: el transporte implica un gasto de 40 pesos diarios por menor, sin contar alimentación, lo cual es excesivo para familias dedicadas a la agricultura de subsistencia. Quienes usan motocicleta enfrentan riesgos en carretera, exponiendo a los estudiantes al clima y al tráfico pesado.
El problema central es una falla estructural en los programas sociales: al estudiar en Yucatán, pero residir en Quintana Roo, los alumnos quedan fuera de apoyos en ambos estados. “Al pertenecer la escuela a Yucatán, no pueden acceder a becas como “Rita Cetina” o Bienestar”, señaló el Subdelegado.
Esta situación provocó deserción escolar: dos menores abandonaron sus estudios. Según Gaspar Escamilla, su hermano, padre de los niños, está enfermo y sin ingresos, lo que hace imposible costear el traslado sin apoyo institucional.
El rezago no se limita a la educación. La comunidad carece de servicios de salud; para atención básica deben viajar a Kantunilkín, y en emergencias nocturnas el traslado puede costar hasta 300 pesos. En seguridad, solo hay dos policías sin patrulla, lo que limita su capacidad de respuesta.
La única obra relevante en años recientes fue un domo deportivo, actualmente deteriorado por falta de mantenimiento. El parque infantil también está en malas condiciones, con juegos oxidados y espacios inadecuados.
Noticia Destacada
Quintana Roo “cae" a los últimos lugares en acceso y cobertura de educación superior en el país
Las necesidades básicas persisten: viviendas precarias, ausencia de programas habitacionales y falta de refugio ante huracanes. También se requiere pavimentación o banquetas, ya que peatones, incluidos niños, caminan sobre la carretera en una zona de alto tránsito.
Aunque desde diciembre se presentó una solicitud formal para atender el problema educativo, no hubo respuesta. Esta semana se reiteró la petición, que será canalizada al área jurídica del Ayuntamiento.
El único apoyo reciente fue la asignación de 84 mil pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social a Pueblos Indígenas y Afromexicanos (Faispiam), destinados a rehabilitar un camino agrícola. La comunidad espera recibir más recursos este año para reducir el rezago histórico.
