Quintana Roo / Riviera Maya

Autoridades comunitarias de Lázaro Cárdenas reclamaron por incumplimiento de obras

Comunidades reprochan a Mara Lezama el rezago en obras y bloquean la carretera hacia Mérida.

Habitantes reclamaron a Mara Lezama obras pendientes desde el 2025, pero la mandataria descartó atenderlas por falta de recursos; 
posteriormente, ayer cerraron el entronque de Kantunilkín para exigir la ampliación de la carretera hacia Chiquilá
Habitantes reclamaron a Mara Lezama obras pendientes desde el 2025, pero la mandataria descartó atenderlas por falta de recursos; posteriormente, ayer cerraron el entronque de Kantunilkín para exigir la ampliación de la carretera hacia Chiquilá / Luis Enrique Cauich

Autoridades comunitarias del municipio Lázaro Cárdenas acudieron ayer a reclamar a la Gobernadora el Estado el incumplimiento de obras de infraestructura solicitadas desde abril del 2025, mediante el programa “La Voz del Pueblo”. Durante el encuentro, realizado en la colonia Miguel Borge Martín luego de que se modificara el punto de reunión previsto inicialmente, la Mandataria desestimó los reclamos al argumentar falta de recursos y pidió apagar las cámaras. La reunión concluyó con una fotografía oficial, sin discursos públicos, después los Delegados fueron atendidos por la Secretaría de Gobierno y otras dependencias a las que entregaron nuevamente sus expedientes con demandas sociales.

La protesta, inicialmente prevista para manifestar el descontento generalizado ante la falta de respuesta a demandas históricas como la rehabilitación de calles, seguridad pública, salud y la urgente atención de la denominada “carretera de la muerte”, terminó por desinflarse tanto en el ámbito logístico como en el institucional.

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Ante la inconformidad expresada por las autoridades comunitarias, los representantes fueron citados originalmente en el domo central, pero de última hora el punto de encuentro fue trasladado a la colonia citada.

En ese sitio, las intenciones de protesta fueron frenadas de manera abrupta con la distribución de implementos y herramientas para las localidades, acompañada de la promesa de que, en posteriores mesas de atención, se recibirían nuevamente sus expedientes de necesidades, lo que terminó por limitar cualquier manifestación pública de inconformidad.

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Durante el encuentro, la titular del Ejecutivo estatal solicitó a los representantes de los medios de comunicación guardar cámaras y teléfonos celulares antes de pronunciar un mensaje en el que lamentó la supuesta escasez de recursos públicos, rechazó los señalamientos sobre presuntos viajes particulares y recriminó el esfuerzo financiero que implica mantener la red de apoyos estatales.

Luego de la tradicional fotografía oficial y sin emitir un discurso abierto, la funcionaria se retiró. En el lugar, las autoridades municipales auxiliares fueron atendidas por la secretaria de Gobierno, Cristina Torres, así como por los titulares de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpe) y de la Secretaría de Obras Públicas (Seop).

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Los inconformes volvieron a presentar solicitudes que ya habían ingresado formalmente  en el 2025, insistiendo en proyectos prioritarios como la rehabilitación de vialidades urbanas, construcción de ciclopistas, el incremento de patrullajes y la dotación de unidades policiales para las demarcaciones rurales.

Destacó la exigencia de una intervención urgente en la carretera federal, conocida como la “carretera de la muerte”. Este reclamo fue planteado de manera frontal por representantes comunitarios como el de El Ideal Renán Canché; el alcalde de Ignacio Zaragoza, Julián Cupul, y el delegado de Valladolid Nuevo, Olegario May Cen.

A estas peticiones se sumaron las gestiones de representantes de San Pedro, encabezados por David Cupul; La Esperanza, con Félix Chan; Nuevo Xcán, con José Hau, y El Pocito, con Juan Ek. El bloque de inconformes abarcó prácticamente todas las demarcaciones del municipio, con la presencia de autoridades provenientes de El Tintal, Naranjal, San Juan de Dios, Constituyentes del 74, Nuevo Durango, Tres Reyes, Pac Chén, San Antonio, Cristóbal Colón y Santo Domingo. Con ello, se consolidó una representación que incluyó a la mayoría de las 36 localidades que conforman Lázaro Cárdenas.

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Representantes comunitarios manifestaron que aún conservan cierta reserva en que sus planteamientos comiencen a encontrar solución durante la recta final de la actual administración estatal.

No obstante, el sector rural advirtió con claridad sobre el escenario político inmediato y señaló que las comunidades están plenamente dispuestas a cobrar facturas políticas en los próximos procesos electorales que se avecinan en la entidad, en caso de no recibir la respuesta y atención gubernamental que demandan sus poblaciones.