Casi tres años después de un ataque que cobró la vida de un hombre a las afueras de un bar en el sur de Quintana Roo, la Policía de Investigación logró dar con el paradero de Luis Gerardo N, de 28 años de edad, quien fue detenido el pasado 21 de octubre en cumplimiento de una orden de aprehensión por su probable participación en el delito de homicidio calificado en agravio de Walter N.
De acuerdo con los datos aportados por la fiscal de proceso Aroshi Lugo Arana, los hechos ocurrieron la noche del 7 de enero de 2023 en un establecimiento de venta de bebidas alcohólicas ubicado en la localidad de Javier Rojo Gómez, en la Ribera del Río Hondo. Ese día, Walter se encontraba en el interior del lugar acompañado de su pareja sentimental, mientras que, a poca distancia, Luis Gerardo consumía alcohol junto a otras personas.
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Según la reconstrucción de los hechos, la tensión comenzó cuando uno de los acompañantes del ahora detenido habría molestado a la mujer que estaba con la víctima. Lo anterior derivó en una discusión entre los presentes, por lo que Walter y su pareja optaron por abandonar el sitio con la intención de evitar mayores problemas, y se retiraron a bordo de una motocicleta.
Sin embargo, el conflicto no terminó ahí. Cuando la pareja se disponía a marcharse, el señalado se les acercó y, presuntamente con una navaja, le provocó a Walter varias heridas en el abdomen y el pecho. Tras la agresión, la víctima fue trasladada para recibir atención médica, pero lamentablemente perdió la vida en un hospital a consecuencia de las lesiones sufridas.
A partir de entonces se integró la carpeta de investigación correspondiente, y con los elementos recabados por la autoridad ministerial se solicitó y obtuvo la orden de aprehensión contra Luis Gerardo N. Fue hasta el 21 de octubre de este año cuando agentes de la Policía de Investigación lograron ejecutar el mandamiento judicial, con lo que se cerró un periodo de más de dos años y nueve meses en que el caso permaneció sin una detención.
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Una vez asegurado, el imputado fue puesto a disposición del juez de control, quien lo vinculó al proceso e impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, figura que establece que el acusado permanezca recluido mientras se resuelve su situación jurídica.
Cabe señalar que, de acuerdo con el principio de presunción de inocencia, el detenido es considerado inocente hasta que un tribunal determine lo contrario mediante una sentencia. La autoridad mantiene abierta la carpeta de investigación para fortalecer los datos de prueba que sustentan la imputación.
