José Isidro Santamaría Casanova, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Quintana Roo, fue sentenciado por un juez federal a 16 años, 10 meses y 15 días de prisión por el delito de trata de personas en la modalidad de explotación sexual, en agravio de mujeres extranjeras que trabajaban en dos bares de su propiedad en Cancún.
El fiscal general del estado, Raciel López Salazar, informó este martes, durante la conferencia semanal del Gabinete de Seguridad en Chetumal, que la sentencia fue dictada el pasado 12 de noviembre, luego de que la Fiscalía Federal en Quintana Roo acreditara la responsabilidad del dirigente sindical en estos hechos ocurridos en 2019.
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De acuerdo con las investigaciones, Santamaría Casanova obtenía beneficios económicos mediante la explotación sexual de las mujeres, a quienes obligaban a ofrecer servicios sexuales bajo amenazas y engaños. Además, presuntamente les imponían multas y cobros por haberlas trasladado a México para trabajar, mientras las mantenían bajo presión con la retención de sus pasaportes y amenazas de denunciarlas por su situación migratoria irregular.
El líder sindical fue detenido inicialmente en 2019, durante un operativo en el bar “Dasein”, ubicado en la Zona Hotelera de Cancún, donde fueron rescatadas varias mujeres extranjeras. Aunque en 2022 recuperó su libertad bajo el argumento de que únicamente rentaba el establecimiento, el proceso judicial continuó hasta derivar en la sentencia condenatoria.
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Por otra parte, López Salazar informó que Santamaría Casanova también permanece en prisión por un proceso penal del fuero común, en el que es señalado como presunto autor intelectual del homicidio de Luis Fernando Peón Carreón, ex trabajador de la CTM, ocurrido en julio de 2018. Según las investigaciones, la víctima habría sido acusada del robo de unas joyas antes de ser asesinada. Por este caso, el dirigente fue vinculado a proceso por un juez de control.
Pese a los procesos judiciales que enfrentaba, Santamaría Casanova se mantuvo al frente de la Secretaría General de la CTM en Quintana Roo, cargo que hasta ahora no le ha sido revocado por la organización sindical.
Con la sentencia federal por trata de personas y el proceso penal que enfrenta por el homicidio de su ex trabajador, el dirigente sindical acumula dos casos judiciales relacionados con delitos de gravedad.