La vinculación a proceso de Sara “N” y José “N” por su probable responsabilidad en delitos relacionados con la portación y acopio de armas de fuego, así como por la posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas, fue obtenida por la Fiscalía General de la República, autoridad que confirmó que ambos son señalados como presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación.
La resolución fue dictada por un juez de control a partir de los datos de prueba presentados por el Ministerio Público de la Federación, quien además logró que se impusiera a los imputados la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y que se fijara un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.
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De acuerdo con la información oficial, la Fiscalía Federal en Quintana Roo, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional, inició la carpeta correspondiente luego de recibir un desglose remitido por la Fiscalía General del Estado, mediante el cual fueron puestos a disposición del fuero federal los dos detenidos junto con el armamento y las municiones aseguradas.
La detención se llevó a cabo en las inmediaciones de la avenida Hipocampo, en el fraccionamiento Marsella 3 de Playa del Carmen, donde las autoridades localizaron un importante arsenal compuesto por 12 armas de fuego largas, dos armas cortas, mil 800 cartuchos útiles y 90 cargadores, todo clasificado como material de uso exclusivo del Ejército.
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Con la integración de estos elementos en la carpeta de investigación, el representante social de la Federación solicitó la audiencia correspondiente en la que se calificó de legal la detención y posteriormente se resolvió la situación jurídica de los imputados, al considerar el órgano jurisdiccional que existen indicios suficientes para que enfrenten el proceso penal por los delitos señalados.
La autoridad federal precisó que el procedimiento se desarrolla conforme a lo establecido en el sistema de justicia penal acusatorio y reiteró que las personas mencionadas deben ser consideradas inocentes en tanto no se emita una sentencia condenatoria por parte de la instancia judicial competente, en apego al principio de presunción de inocencia previsto en la ley.
