Quintana Roo se mantiene entre las entidades con mayor incidencia nacional en el delito de corrupción de menores, con 182 carpetas de investigación acumuladas de enero a agosto del 2026, de acuerdo con el informe Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes en México a agosto de 2026, elaborado por la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp).
El documento señala que durante los primeros ocho meses del año se contabilizaron mil 928 víctimas de entre 0 y 17 años por este ilícito en todo el país, equivalente a un promedio de ocho niños y adolescentes afectados diariamente.
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Guanajuato, Ciudad de México y Quintana Roo concentraron casi la mitad de las carpetas registradas a nivel nacional. La primera entidad encabeza la estadística con 579 investigaciones, seguida por la capital del país, con 283, mientras que Quintana Roo acumula 182, de acuerdo con las tablas de incidencia delictiva del Fuero Común.
Aunque ocupa el tercer lugar nacional por número de carpetas, Quintana Roo registra la tasa más elevada, con 90 casos por cada 100 mil mujeres, frente a dos de Yucatán y nueve de Campeche. Además, concentra la mayor incidencia de los delitos de trata y corrupción de menores en la Península de Yucatán.
A nivel municipal, Celaya, Guanajuato, aparece con el mayor número de casos del país, seguido por Benito Juárez, donde se ubica Cancún, e Irapuato. En el caso de Quintana Roo, más de 60 por ciento de las 182 carpetas se concentran en Benito Juárez.
El Sesnsp reportó que hasta agosto la entidad contabilizó 713 víctimas menores de edad por algún delito del fuero común: 380 mujeres y 333 hombres. De este total, 74 correspondieron a corrupción de menores, segundo ilícito más frecuente contra este grupo, solo después de lesiones, con 243 víctimas.
La legislación contempla dentro de este delito conductas como inducir a una persona menor de edad a la ebriedad, consumo de drogas, mendicidad, comisión de ilícitos, integración a pandillas o prácticas de carácter sexual. De acuerdo con especialistas y organismos defensores de los derechos de la infancia, esta figura también es utilizada para clasificar casos relacionados con reclutamiento de menores ante la ausencia de un tipo penal específico para esta conducta.
La psicóloga y abogada penalista Carolina Recillas señaló que factores como la pobreza y el abandono familiar pueden incrementar la vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes frente a grupos delictivos.
“La delincuencia se aprovecha de esa vulnerabilidad para reclutar a la juventud; la situación en Cancún es grave, porque hay muchos niños solos por desintegración familiar y ese cautiverio infantil provoca que muchas colonias sean zona de riesgo”, afirmó.
Agregó que las organizaciones criminales buscan lugares donde tengan mayor facilidad de acceso a menores y jóvenes, y relacionó esta situación con los casos de desaparición de personas menores de edad registrados en la entidad.
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Por su parte, el director de Vinculación de los Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE) en Quintana Roo, Eulises García, reconoció que se trata de una problemática que representa un riesgo para la sociedad, particularmente para el sector educativo y las familias.
“Es una realidad que estos grupos criminales buscan captar a nuestros niños y jóvenes, ofreciéndoles lo que parece ser una salida fácil a sus necesidades económicas, pero que en realidad los arrastra a una vida de violencia y peligro”, expresó.
Durante 2025, Quintana Roo cerró con 150 carpetas de investigación por corrupción de menores. La Redim advierte que este ilícito mantiene una relación con el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos.
