La selva que colinda con la Reserva de la Biosfera Ría Celestún, uno de los santuarios naturales más importantes del Sureste mexicano, se enfrenta hoy a un nuevo depredador: el desarrollo inmobiliario. Más de 5 mil hectáreas de tierra, consideradas de uso común por la comunidad de Kinchil, han sido ocupadas y fraccionadas por al menos 10 empresas, denunciaron los pobladores.
Federico May, activista y habitante originario del municipio, ha encabezado la lucha por defender lo que asegura pertenece legítimamente al pueblo kinchileño: su territorio y su selva. “Lo que nos desespera es ver cómo de la noche a la mañana aparecen empresas con escrituras dudosas, piden a los campesinos que desalojen, y se empiezan a lotificar tierras que siempre hemos cuidado. Eso es selva virgen, ahí todavía camina el jaguar y hay árboles de más de 15 metros de altura”, afirma, visiblemente preocupado por el avance de los proyectos.
Los pobladores aseguran que las tierras afectadas, ubicadas justo al borde de la reserva federal protegida, no solo representan un importante ecosistema con cenotes, lagunas y aguadas, sino también albergan vestigios arqueológicos de gran valor, comparables —según May— con los de Dzibilchaltún.
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Una amenaza con rostro urbano
La expansión de estos desarrollos inmobiliarios —algunos de ellos ya comercializados como lotes residenciales y adquiridos por extranjeros— ha dejado a la comunidad en una lucha desigual. Enfrentamientos verbales, intimidaciones y presiones legales son parte del día a día para los habitantes que han decidido resistir.
“Ya hay gente trabajando en los terrenos como si fueran suyos. Y cuando los verdaderos posesionarios les dicen que esas tierras no están en venta, les responden con amenazas o con documentos que nadie en la comunidad había visto antes”, denuncia May.
Las similitudes con otros casos ocurridos en Yucatán, como el del Rancho Uxmal, son claras: el uso de vacíos legales, corrupción en el registro de propiedad y una débil vigilancia ambiental permiten que estos proyectos avancen a costa de la selva y los pueblos.
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Llamado a las autoridades
Ante la gravedad del conflicto, la comunidad ha solicitado la intervención urgente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS). Su demanda es clara: que las tierras en disputa sean integradas a la Reserva de la Biosfera Ría Celestún.
“Esa selva tiene las mismas características naturales y biológicas que el área protegida. ¿Por qué no la protegen también? Ya es momento de que las autoridades dejen de ver para otro lado”, afirma Federico.
Mientras tanto, los bulldozers siguen avanzando. La selva de Kinchil, hogar del jaguar, del pueblo maya y de una riqueza natural invaluable, podría desaparecer bajo la sombra del concreto. Pero la comunidad, decidida, aún no se rinde.
