En un esfuerzo por ofrecer una justicia más humana, accesible y eficaz, la Fiscalía General del Estado de Yucatán (FGE) ha consolidado la mediación como un pilar esencial dentro de su estrategia restaurativa.
Este modelo busca resolver conflictos penales con mayor rapidez y menor costo, al tiempo que prioriza la reparación del daño a las víctimas y la reconstrucción del tejido social.
La directora de Justicia Alternativa de la FGE, Yuridia del Carmen Manzanares Canul, detalló que la implementación de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC) ha transformado la manera en que se gestionan los conflictos, permitiendo que las partes involucradas construyan acuerdos satisfactorios sin recurrir al litigio tradicional.
“Queremos que la ciudadanía sepa que tiene acceso a soluciones más rápidas, económicas y colaborativas”, expresó Manzanares, quien subrayó que el fiscal general, Juan Manuel León León, ha dado prioridad a la difusión de estos mecanismos.
A diferencia de un juicio donde suele haber un ganador y un perdedor, la mediación promueve el diálogo entre las partes y busca soluciones de tipo ganar-ganar. Esta metodología favorece el entendimiento mutuo y evita la ruptura definitiva de relaciones personales o sociales.
El proceso es guiado por un facilitador, un profesional capacitado que actúa como puente de comunicación, escucha a ambas partes, identifica sus intereses comunes y las acompaña en la construcción de un acuerdo justo, sin imponer soluciones.
En entrevista publicada en la página oficial de la FGE en las redes sociales, la funcionaria explicó que los delitos que pueden ser canalizados a través de la mediación incluyen amenazas, injurias, abuso de confianza, fraudes, daños, lesiones y hasta homicidio culposo en accidentes viales, siempre dentro del marco penal y respetando los lineamientos del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Para acceder a este servicio, es necesario presentar una denuncia ante la unidad de investigación de la Fiscalía. Desde ahí, la víctima puede optar voluntariamente por la mediación, o bien, el propio fiscal puede sugerirla si el caso lo permite.
Durante 2024, la FGE logró una tasa de resolución del 92% en los casos mediados, con un total de 3,604 acuerdos reparatorios que representaron más de 110 millones de pesos en compensaciones a víctimas, una cifra que demuestra el alcance y la eficacia del programa.
Más allá de lo económico, la licenciada Manzanares Canul destacó que el verdadero valor de la mediación está en la restauración de las relaciones humanas, particularmente en conflictos entre vecinos, conocidos o desconocidos que aprenden a dialogar tras un incidente.
Cuando una de las partes rechaza la mediación inicialmente, el caso regresa a investigación, pero la opción de reactivarlo sigue abierta antes del juicio oral, lo que ofrece una segunda oportunidad para el entendimiento.
“El proceso es ágil. Desde que se presenta la solicitud, puede iniciarse en pocos días”, enfatizó.
En general, los acuerdos se logran en menos de 15 días, muy por debajo de los tiempos que implica un proceso judicial completo.
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Para garantizar el acceso en todo el estado, la FGE cuenta con unidades de mediación en distintos puntos de Mérida y en la mayoría de los distritos del interior.
En municipios sin oficinas permanentes, como Ticul e Izamal, se brinda atención itinerante.
“El objetivo es que nadie quede excluido”, aseguró la funcionaria, quien también recordó que los usuarios pueden ser atendidos en la unidad más cercana, sin importar dónde ocurrió el conflicto.
Yuridia del Carmen Manzanares Canul concluyó la entrevista con un mensaje claro y directo a la ciudadanía.
“La mediación es una valiosa herramienta que ofrece una vía más rápida, económica y humana para resolver los conflictos penales”, manifestó la funcionaria.
“Invitamos a todos los ciudadanos que se vean involucrados en una situación de conflicto penal a que se informen sobre la mediación y consideren esta opción. Es un espacio en el que sus voces serán escuchadas, donde podrán participar activamente en la búsqueda de una solución y donde se prioriza la reparación del daño y el restablecimiento de las relaciones. Es un camino hacia una justicia más completa y restaurativa”, añadió.
Con esta política, la Fiscalía General del Estado reafirmó su compromiso de construir una justicia más pacífica, participativa y centrada en las personas.
