Habitantes del fraccionamiento Gran Calzada, en Umán, buscan llevar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) su batalla legal contra una estación de compresión de gas natural de Energía Mayakán, operada por la empresa Engie, debido a los riesgos que consideran representa para sus viviendas y sus familias.
La decisión ocurre después de que un juzgado federal negara el amparo promovido por los vecinos contra la infraestructura, ubicada junto a una zona habitacional. Los afectados presentaron un recurso de revisión el 16 de octubre y anunciaron que solicitarán a la Corte atraer el expediente.
Los residentes sostienen que algunas viviendas se encuentran a apenas 2.5 metros de la estación, conocida como booster, cuya función es aumentar la presión del gas natural para mantener su circulación por el sistema de transporte.
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Durante las pruebas y operaciones de la instalación, los habitantes han denunciado fuertes ruidos, vibraciones y olores que, aseguran, alteran su vida cotidiana. También han manifestado preocupación por posibles afectaciones a la salud y por la falta de información sobre cómo actuar ante una emergencia.
De acuerdo con representantes vecinales, la resolución judicial menciona 30 posibles escenarios de riesgo relacionados con la estación. Sin embargo, los inconformes aseguran que no conocen los detalles técnicos ni las medidas de protección previstas para las familias.
El conflicto llegó a los tribunales mediante el amparo 2113/2025. El Juzgado Tercero de Distrito en Yucatán dictó sentencia el 25 de septiembre de 2026, notificada a los promoventes el 1 de octubre.
La resolución sobreseyó parte del juicio y negó la protección federal respecto de otros actos reclamados. Ante ese resultado, los vecinos recurrieron a una segunda instancia y mantienen su intención de solicitar la intervención del máximo tribunal.
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A la disputa por la seguridad se suma un conflicto patrimonial. Los residentes acusan a la desarrolladora Grupo Casitas de no informarles sobre la infraestructura energética cuando adquirieron sus viviendas y sostienen que se les presentó el terreno colindante como un espacio para bodegas .
También cuestionan las autorizaciones municipales relacionadas con la construcción de la estación y piden esclarecer las condiciones bajo las cuales se permitió su instalación junto al desarrollo habitacional.
Otra de las principales inconformidades corresponde a la propuesta para adquirir 33 viviendas cercanas a la infraestructura. Según los representantes vecinales, el esquema planteado por Engie contempla liquidar los créditos hipotecarios y entregar 100 mil pesos por familia para gastos de mudanza.
Sin embargo, los afectados consideran que esas condiciones no compensan necesariamente las inversiones realizadas en sus propiedades ni garantizan que puedan adquirir otra vivienda de características semejantes.
La Agencia de Energía de Yucatán informó que mantiene una mesa permanente de diálogo con los habitantes y que existe un esquema voluntario para la adquisición de los 33 inmuebles. La dependencia señaló que todavía hay casos pendientes y que las gestiones avanzan conforme a las circunstancias y decisiones de cada propietario.
