La Ley para la Atención y Protección de las Personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) ya es una realidad en Yucatán. Con su publicación oficial ayer, el estado establece por primera vez un marco jurídico específico que obliga a las autoridades a garantizar atención médica, inclusión educativa, acceso al empleo y protección contra la discriminación, además de contemplar sanciones para quienes vulneren estos derechos.
La nueva legislación reconoce al autismo como una condición del neurodesarrollo y no como una enfermedad, y coloca a las personas con TEA como sujetos plenos de derechos. De acuerdo con estimaciones médicas y de organizaciones civiles, al menos una de cada cien personas se encuentra dentro del espectro autista, lo que en Yucatán representa a miles de familias que durante años enfrentaron barreras institucionales sin un respaldo legal claro.
Con la entrada en vigor de la ley, las dependencias estatales y municipales quedan obligadas a implementar políticas públicas específicas, coordinarse entre sí y destinar recursos para la atención integral de este sector de la población.
Contra la discriminación
Uno de los ejes centrales de la ley es la protección contra la discriminación. El ordenamiento prohíbe expresamente cualquier forma de exclusión, maltrato, restricción de derechos o trato desigual hacia personas con autismo en espacios educativos, de salud, laborales o comunitarios. Esto incluye la negativa de servicios, la segregación y la imposición de condiciones que vulneren su dignidad.
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En el ámbito educativo, la ley establece que ninguna escuela pública o privada puede negar la inscripción, permanencia o conclusión de estudios a una persona con TEA. Las instituciones están obligadas a realizar ajustes razonables, adaptar métodos de enseñanza y capacitar a su personal. La exclusión escolar, una de las principales quejas de las familias, queda tipificada como una práctica sancionable.
En materia de salud, el Estado deberá garantizar diagnóstico oportuno, atención médica integral y seguimiento continuo, con personal capacitado para la atención del espectro autista. La ley busca evitar retrasos en el diagnóstico y la falta de atención especializada, problemas recurrentes en el sistema público.
Inclusión laboral obligatoria
La legislación también contempla la inclusión laboral, promoviendo la capacitación para el trabajo y el acceso al empleo en condiciones de igualdad, tanto en el sector público como en el privado. Se reconoce que la falta de oportunidades laborales ha sido una de las principales formas de exclusión para las personas con autismo en edad adulta.
Un punto clave del nuevo marco legal es que no se limita a establecer derechos, sino que incorpora mecanismos de sanción. Las autoridades, instituciones educativas, servidores públicos o particulares que incumplan la ley podrán ser sujetos a amonestaciones, multas, responsabilidades administrativas y otras sanciones previstas en la legislación aplicable. En casos graves, las conductas podrán derivar en procedimientos adicionales conforme a otras leyes.
La norma también establece la obligación de capacitación permanente para personal de salud, docentes y servidores públicos, así como la creación de acciones de sensibilización social para combatir estigmas y desinformación en torno al autismo.
Avance sustancial
Especialistas y colectivos han señalado que el principal reto será la correcta implementación de la ley: asignación de presupuesto, creación de protocolos claros y vigilancia de su cumplimiento. Sin embargo, coinciden en que el nuevo marco legal representa un avance sustancial, al convertir en obligación lo que antes dependía de criterios discrecionales.
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En Yucatán, organizaciones civiles y especialistas estiman que al menos 1 de cada 100 personas se encuentra dentro del espectro autista, una cifra que refleja la urgencia de contar con un marco jurídico sólido. Hasta ahora, muchas familias dependían de criterios administrativos, voluntades institucionales o litigios individuales para acceder a derechos básicos.
