Tras la visita de Marcos Orellana, Relator Especial de la ONU a México, en relación con la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos, organizaciones civiles, colectivos y comunidades mayas exigieron a los tres niveles de Gobierno emitir una declaratoria de emergencia socioambiental en la Península de Yucatán por las operaciones de las granjas porcícolas.
Mediante un comunicado, el Centro de Derechos Humanos Utsil Kuxtal A. C., junto con diversas organizaciones firmantes, respaldaron las declaraciones del Relator Especial de la ONU al resaltar sobre el aumentado de manera descontrolada y exponencial de las granjas porcícolas en Yucatán.
Resaltaron las afirmaciones en su informe al indicar que la mayoría de estas operaciones industriales carecen de autorizaciones ambientales y generan tremendas cantidades de excretas y aguas contaminadas con hormonas y antibióticos, pues son fábricas que van desde los 50 mil cerdos, las que han sido levantadas sin consulta en comunidades de alrededor de 1500 personas habitantes.
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"Como solución las autoridades y empresas han planteado la instalación de biodigestores, pero estos no solucionan el problema tóxico. Más bien, los biodigestores generan efectos nocivos al sugerir que el problema tóxico está siendo abordado mientras las excretas de los suelos agravan el daño a los mantos acuíferos, día tras día", menciona.
De igual forma, indica que la descarga continua de desechos nocivos en cuerpos de agua de recarga de los mantos acuíferos especialmente dentro del Anillo de Cenotes- sitio protegido por el Convenio de Ramsar- afecta de manera adversa los derechos de las comunidades.
Por esta razón, el Relator de la ONU aseveró que una declaración de emergencia sanitaria y ambiental podría destinar recursos para la aplicación de una política pública que pudiera reparar los daños y asegurar la no-repetición.
“Considero también que es imperativo que las autoridades refuercen las medidas de supervisión y fiscalización sobre estos complejos, en consonancia con los estándares internacionales, y que se suspendan todos aquellos mecanismos que tiendan a disuadir la libertad de expresión y asamblea, amenazar la labor de defensa a la naturaleza y criminalizar al pueblo Maya", puntualizó.
Comunidades mayas lo respaldan
En un comunicado, el Centro de Derechos Humanos Utsil Kuxtal A. C., junto con diversas organizaciones firmantes, respaldaron las declaraciones del Relator de la ONU, exigiendo exigiendo a los tres niveles de Gobierno emitir de manera inmediata la Declaratoria de Emergencia Socioambiental en la Península de Yucatán y establecer una Mesa de Emergencia Socioambiental Peninsular, con participación directa de los pueblos mayas, organizaciones civiles y la academia.
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También pidieron suspender las operaciones y nuevas autorizaciones de proyectos extractivos, agroindustriales, inmobiliarios y de infraestructura que generen daños ambientales y violaciones a derechos humanos, así como garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento, es decir, acceso a agua limpia, segura y libre de contaminantes.
Otras demandas son la implementación de un sistema integral de monitoreo epidemiológico sobre los efectos de sustancias tóxicas, detener la criminalización de personas defensoras del territorio y garantizar su protección, reforzar de manera efectiva los mecanismos de supervisión, fiscalización y transparencia ambiental.
Finalmente, piden imponer programas de restauración ecológica y de salud comunitaria, con recursos estatales y federales, garantizar el derecho a la información, participación y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como respetar la libre determinación y autonomía del pueblo maya, incluyendo la decisión de declarar sus territorios libres de megaproyectos.
