El respaldo llegó desde Ginebra, pero la crisis lleva décadas enraizándose en el suelo kárstico de la Península de Yucatán. El pasado 20 de marzo, Marcos Orellana, relator especial de las Naciones Unidas sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos, cerró su misión oficial en México con una declaración que sacudió el debate ambiental de la región: las granjas porcícolas que proliferan en territorios indígenas mayas están destruyendo el agua, el suelo y la salud de comunidades enteras, y el Estado mexicano tiene la obligación de actuar.
Treinta y tres organizaciones civiles y comunidades mayas no tardaron en recoger ese llamado. En un comunicado conjunto, exigieron a los tres niveles de gobierno emitir de manera inmediata una Declaratoria de Emergencia Socioambiental en la Península de Yucatán.
Diagnóstico contundente
Esta es la primera vez que un Relator especial de la ONU incluye a Yucatán –y a Campeche– en una visita oficial a México, lo que da cuenta de la gravedad de los impactos de las sustancias tóxicas en los derechos humanos de la región. Orellana recorrió comunidades, se reunió con organizaciones civiles en Mérida y visitó Santa María Chi, una comisaría de la capital convertida en símbolo de la resistencia maya frente a la agroindustria porcícola.
El diagnóstico que presentó Orellana fue sin ambages: “durante la última década, el número de fábricas de cerdos ha aumentado de manera descontrolada y exponencial”, y documentó la existencia de más de 500 de estas instalaciones en inmediaciones de tierras y territorios indígenas. El eufemismo de “granjas”, dejó claro, no alcanza para describir la escala de lo que ocurre.
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La mayoría de esas operaciones industriales carecen de autorizaciones ambientales y no fueron precedidas por procesos de consulta libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe. Algunas tienen capacidad para hasta 50 mil cerdos y se han establecido junto a comunidades de apenas 1,500 habitantes, generando impactos desproporcionados y sistemáticos.
El agua, al centro de la crisis
El corazón del problema es el suelo. La Península de Yucatán no tiene ríos superficiales; su agua está en los mantos acuíferos que se conectan a través de una red de cenotes, grutas y fracturas kársticas. Ese mismo suelo poroso que hace de la región un prodigio hidrológico la convierte también en una trampa cuando las sustancias tóxicas llegan a la superficie.
El Relator destacó que las granjas producen enormes cantidades de excretas y aguas residuales contaminadas con hormonas y antibióticos, la infiltración resulta particularmente grave debido a la naturaleza kárstica del suelo y la alta interconexión de mantos acuíferos.
El daño, además, ya llegó a la mesa de las familias: el agua de pozos tradicionales ya no es apta para consumo humano, obligando a las comunidades a comprar agua embotellada. Sin embargo, existen evidencias de que incluso esa agua embotellada contiene residuos de plaguicidas como el glifosato.
La descarga continua de desechos nocivos en cuerpos de agua de recarga –especialmente dentro del Anillo de Cenotes, sitio protegido por el Convenio de Ramsar– afecta de manera directa los derechos de las comunidades al agua, la salud y un medio ambiente sano.
Frente a ese panorama, la salida que han ofrecido empresas y autoridades no convenció al Relator. Los biodigestores, planteados como solución, no resuelven el problema tóxico; más bien, generan efectos nocivos al sugerir que la contaminación está siendo atendida, mientras las excretas en los suelos siguen agravando el daño a los mantos acuíferos día tras día.
Despojo y criminalización
Las organizaciones civiles entregaron a Orellana el informe “La toxificación de la Península de Yucatán”, un documento que cartografía la crisis desde el subsuelo hasta los tribunales. El texto detalla la naturaleza kárstica del suelo y los mecanismos por los que las sustancias tóxicas se filtran hacia las reservas de agua, documenta el despojo territorial que han sufrido los pueblos mayas con la llegada de las megagranjas sin consulta ni consentimiento, y señala los procesos de criminalización de la protesta social, entre ellos el de la propia comunidad de Santa María Chi, perseguida judicialmente por la empresa Kekén.
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Uno de esos casos es el del subcomisario de Santa María Chi, Wilberth Nahuat, quien enfrentó un proceso penal por participar en protestas contra la granja. “A nosotros no nos agredieron físicamente; recurrieron a procesos legales para intentar detener la protesta”, declaró durante la visita del Relator.
El informe también documenta la proliferación de extracción de material pétreo vinculada al Tren Maya: entre 2018 y marzo de 2025 se habilitaron 362 bancos de extracción en la Península, 53 de ellos en Yucatán. La crisis ambiental, advirtieron las organizaciones, no es un problema de una sola industria sino el resultado de un modelo extractivista que opera en varios frentes al mismo tiempo.
Las demandas
El Centro de Derechos Humanos Utsil Kuxtal, junto con las demás organizaciones firmantes, exigió emitir de manera inmediata la Declaratoria de Emergencia Socioambiental en la Península de Yucatán y establecer una Mesa de Emergencia Socioambiental Peninsular con participación directa de los pueblos mayas, organizaciones civiles y la academia.
Las organizaciones piden suspender las operaciones y nuevas autorizaciones de proyectos extractivos, agroindustriales e inmobiliarios que generen daños ambientales; garantizar el derecho humano al agua limpia y libre de contaminantes; implementar un sistema integral de monitoreo epidemiológico; detener la criminalización de defensores del territorio; y avanzar en programas de restauración ecológica y salud comunitaria con recursos estatales y federales.
En el fondo, las comunidades reclaman el respeto a la libre determinación y autonomía del pueblo maya, incluida la decisión de declarar sus territorios libres de megaproyectos, y exigen que las autoridades asuman la reparación de los daños ambientales, económicos y sociales causados por la agroindustria.
La respuesta del gobierno
El Gobierno de Yucatán, por su parte, presentó ante el Relator las acciones en curso: coordinación con Semarnat, Profepa, Conagua e INECC para reforzar el control ambiental del sector porcícola, una estrategia de manejo de envases de agroquímicos y la instalación de un Centro de Acopio Temporal en el municipio de Muna.
La titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Neyra Silva Rosado, señaló que la visita de la ONU representa una oportunidad para enriquecer las políticas públicas del estado.
Para las organizaciones civiles, esa respuesta no está a la altura del diagnóstico. La brecha entre lo que el Relator documentó y lo que el gobierno presenta como avances es, en sí misma, parte del problema.
