Imagine que usted quiere saber cuánto gana el director de un organismo público de su municipio, o qué contratos firmó el ayuntamiento el año pasado, o si el sindicato que representa a los trabajadores de su alcaldía rindió cuentas del dinero que recauda. La ley le garantiza ese derecho. Pero en Yucatán, al menos 55 instituciones que deberían dárselo sin que usted tenga que pedirlo siquiera no lo han hecho, y hay denuncias en su contra por ello.
Eso representa cerca de una tercera parte del universo de aproximadamente 180 sujetos obligados que operan en el estado: ayuntamientos, dependencias del gobierno estatal, sindicatos, organismos públicos y fideicomisos. Todos ellos deben, por mandato de la Ley General de Transparencia, publicar de manera trimestral y sin necesidad de que nadie se los solicite —de forma activa y proactiva— información como sueldos, contratos, planes de trabajo y directorios. Y sin embargo, muchos no lo hacen.
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Los números, proporcionados por el organismo Transparencia para el Pueblo, son contundentes: entre octubre y diciembre de 2025 se presentaron 28 denuncias formales por incumplimiento de obligaciones de transparencia; en lo que va de 2026, ya suman 27 más. Todas tramitadas a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, principalmente por violación al artículo 65 de la Ley General de Transparencia, la norma que establece qué información debe estar disponible sin que nadie la tenga que solicitar.
Un problema que no es nuevo
En el 2021, el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Yucatán —conocido como Inaip— registró 470 denuncias ciudadanas contra 95 sujetos obligados. La mayoría de ellas, 416, recayeron sobre ayuntamientos. El dato es revelador: los municipios, las instancias más cercanas al ciudadano, resultaron ser las más opacas.
Al año siguiente, en el 2022, las denuncias bajaron a 250 —una reducción del 46%— aunque el propio organismo advirtió que esa disminución no debía leerse como mejora absoluta, sino como resultado de acciones de capacitación y acompañamiento a los sujetos obligados. Ese mismo año, el Inaip notificó 250 vistas de amonestaciones públicas y multas a órganos de control interno, y aplicó 120 amonestaciones públicas a servidores públicos de municipios como Huhí, Panabá, Akil, Hunucmá y Tekal de Venegas, nombres que se repiten en los registros de incumplimiento como una constante silenciosa.
En el 2023, los expedientes abiertos por incumplimiento sumaron 207 -otra baja en el papel, aunque el Inaip llamó a la ciudadanía a no cesar en la denuncia-. De 98 sujetos obligados evaluados ese año en el Programa Anual de Vigilancia, 7 no cumplieron: tres ayuntamientos, tres sindicatos y un organismo público. Los sindicatos, en particular, obtuvieron un índice de cumplimiento promedio de apenas 44.39 sobre 100 —el más bajo de todos los sectores evaluados.
El 2024 llegó con una cifra que, sobre el papel, podría parecer alentadora: 134 denuncias ciudadanas contra 75 sujetos obligados, de las cuales 110 fueron admitidas y 101 resueltas al cierre del año. El Inaip también aplicó 18 multas económicas a instituciones que incumplieron. Pero la celebración duró poco: lo que 2025 y 2026 han comenzado a mostrar es que el problema de fondo —la cultura de la opacidad— persiste.
La aritmética de la opacidad
Chemax, Cacalchén, Hoctún, Tekit, Tahdziú. Estos no son los municipios más pequeños ni los más pobres de Yucatán. Son, sin embargo, algunos de los que en evaluaciones recientes obtuvieron calificación de cero en el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia. Cero. El punto más bajo de la escala. Ni un solo dato publicado correctamente.
La pregunta que salta a la vista es obvia: ¿qué esconden? La respuesta que los organismos de transparencia ofrecen suele ser más mundana: en algunos casos, simple desidia administrativa; en otros, desconocimiento de las obligaciones; en los menos, resistencia deliberada. Pero el efecto para el ciudadano es el mismo: información que le pertenece, inaccesible.
La evaluación muestra una fotografía que contrasta. En un extremo, organismos autónomos y el Poder Ejecutivo estatal logran índices de cumplimiento cercanos al 100%. En el otro, los sindicatos y muchos municipios medianos y pequeños muestran sistemáticamente los peores desempeños. La brecha entre la transparencia del gobierno central y la de las estructuras locales y gremiales es enorme —y esa brecha es la que más afecta a los ciudadanos de a pie, los que viven en esos municipios, los que pagan cotizaciones sindicales sin saber en qué se gastan.
Tres personas para resolver 55 denuncias en curso
El otro gran problema es estructural: el organismo Transparencia para el Pueblo, encargado de procesar las denuncias, opera con apenas tres personas responsables de sustanciar, analizar y resolver los casos. Cada expediente puede tardar hasta 70 días hábiles —es decir, alrededor de tres meses y medio en el calendario— en resolverse, dependiendo de la carga de trabajo.
Haga usted el cálculo: 55 denuncias activas en menos de un año, resueltas por un equipo de tres funcionarios, con plazos que se acercan a los cuatro meses. Los números no cuadran. Y mientras el expediente avanza lentamente por el laberinto burocrático, la información que el ciudadano tiene derecho a consultar sigue sin estar disponible.
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Esta realidad no es exclusiva de Yucatán. En toda la república, los organismos garantes de transparencia han denunciado históricamente una asimetría crítica: las obligaciones de fiscalización crecen, el número de sujetos obligados aumenta, pero los recursos humanos y presupuestales para ejercer esa vigilancia permanecen estancados o crecen de manera insuficiente. El resultado es siempre el mismo: instituciones que saben que el riesgo de ser auditadas es bajo, que los plazos de sanción son largos, y que la multa eventual —cuando llega— puede ser menor al costo político o administrativo de publicar cierta información.
El dato de que 55 sujetos obligados yucatecos enfrentan denuncias activas por incumplimiento no es solo un número de expedientes abiertos en una plataforma digital. Es la fotografía de 55 instituciones que, en este momento, le deben algo a la ciudadanía. Le deben información. Le deben rendición de cuentas. Le deben, en última instancia, respeto.
Las sanciones: ¿dientes o dentadura postiza?
La ley establece sanciones que van desde amonestaciones públicas hasta multas que oscilan entre 150 y 1,500 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Con el valor actual de la UMA, eso representa entre aproximadamente 16,000 y 162,000 pesos. Para un municipio con presupuesto millonario, o para un sindicato con recursos de cuotas, esas cifras pueden no resultar disuasorias.
En el 2024, el Inaip Yucatán aplicó 18 multas. En el 2022, 120 amonestaciones públicas. Las sanciones existen y se aplican, pero la pregunta que persiste entre quienes monitorean la transparencia institucional es si son suficientes para cambiar conductas. Cuando una institución reincide —y los registros muestran que hay ayuntamientos que aparecen año tras año entre los incumplidores— la respuesta parece ser que no.
La reincidencia es, quizás, el dato más revelador de todos. Algunos municipios evaluados en 2021, 2022 y 2023 repiten en las listas de incumplidores. No es que no sepan lo que deben hacer: las jornadas de capacitación del Inaip han llegado a decenas de municipios. Es que, por razones diversas —políticas, administrativas, o simplemente de impunidad calculada— deciden no hacerlo.
