“Se está acabando todo lo que hemos cuidado ancestralmente”. La frase de Matilde Dzib, integrante de la organización maya Chikin Ja, resumió el tono de la exigencia lanzada ayer por comunidades indígenas y colectivos ambientales de Yucatán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN): frenar la impunidad ambiental ligada a la expansión de las granjas porcícolas en la península.
Representantes de las agrupaciones Chikin Ja, Kanan Lu’um Mo’, así como defensores acompañados por Kanan Derechos Humanos, acudieron este jueves a la Ciudad de México y pidieron al máximo tribunal votar a favor del proyecto elaborado por la ministra Sara Irene Herrerías Guerra sobre la constitucionalidad de la Norma Técnica Ambiental NTA-001-SDS-22, emitida en el 2022 para regular la operación de granjas porcícolas en Yucatán.
El asunto estaba programado en la lista del día con el número 30. Pero, como ha ocurrido ya en otras ocasiones, al inicio de la sesión se anunció que el caso quedaría “en lista”: sin fecha definida para su discusión.
La decepción fue palpable entre los asistentes. Ismael Salazar, de la organización Kanan Lu’um Mo’, y Matilde Dzib, de Chikin Ja, viajaron desde sus comunidades hasta la capital del país con una sola esperanza. Tuvieron que regresar sin respuesta.
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Lo que está en juego no es menor. La Norma Técnica que impugnan fue publicada por el entonces gobierno de Mauricio Vila para regular la apertura, operación y abandono de granjas porcícolas, sin haber realizado consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas, como obliga el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la propia Constitución mexicana.
Para los colectivos, la aprobación del proyecto de Herrerías representaría un precedente histórico: no sólo en la defensa del territorio maya, sino también en la manera en que el Estado Mexicano trata los derechos de sus pueblos originarios frente al avance de la agroindustria.
Un problema que lleva dos décadas creciendo
La producción industrial de cerdos en Yucatán no apareció de la noche a la mañana. Lleva casi veinte años expandiéndose en silencio –con el respaldo tácito o explícito de sucesivos gobiernos estatales– hasta convertirse en uno de los conflictos socioambientales más graves del Sureste mexicano.
Yucatán es hoy el tercer productor porcícola del país. Y el crecimiento ha sido voraz.
Greenpeace identificó al menos 222 granjas en el estado, que ya habían provocado la pérdida de casi 11 mil hectáreas de selva maya. En ese entonces, 122 de ellas se encontraban en regiones consideradas sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad, y 43 operaban dentro de Áreas Naturales Protegidas.
En marzo del 2023, la propia Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) confirmó lo que las comunidades denunciaban: publicó un dictamen ambiental que georreferenció 507 coordenadas correspondientes a posibles granjas porcícolas en 87 municipios de Yucatán y su Anillo de Cenotes, y documentó contaminación en agua, suelo y aire.
Ese diagnóstico también reveló algo alarmante: de todas las granjas identificadas, únicamente 18 contaban con Manifestación de Impacto Ambiental. Algunas fuentes apuntan a que menos de 10 tenían permisos en regla para operar.
El informe oficial dio la razón a las comunidades. Pero, como señalan las organizaciones defensoras, reconocer el problema no es lo mismo que resolverlo: años después de aquel dictamen, la devastación continúa.
El agua que ya no es segura
El corazón del problema está bajo tierra. Toda el agua que beben los habitantes –en las comunidades rurales y en la ciudad de Mérida– proviene de un acuífero subterráneo que se alimenta de las lluvias y corre por un sistema kárstico de rocas porosas, cenotes, grietas y cavernas interconectadas. Es, en palabras de los especialistas, un sistema extremadamente vulnerable: cualquier contaminante que se infiltra en el suelo puede llegar rápidamente al agua de consumo humano. Y los contaminantes están llegando.
Estudios del Laboratorio de Ecología Microbiana y Productos Naturales Marinos de la UNAM, realizados en 2025, confirmaron la presencia de coliformes fecales y Escherichia coli en niveles que superan los límites permitidos para uso y consumo humano en comunidades aledañas a las granjas. Investigaciones de la Universidad Johns Hopkins arrojaron resultados similares.
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Los monitoreos comunitarios realizados entre el 2022 y el 2024 en municipios como Kinchil, Kopomá, Chocholá, Hocabá, Hunucmá, Izamal, Teabo y Tetiz –todos ellos en zonas cercanas al Anillo de Cenotes– hallaron de manera recurrente la presencia de E. coli y coliformes en pozos, cenotes y sistemas de agua potable. La conclusión de los estudios es contundente: existe “contaminación fecal altamente probable en el acuífero”.
Una sola megagranja puede generar hasta 1.5 millones de litros de aguas residuales al día. En muchos casos, esos efluentes no reciben tratamiento adecuado antes de ser descargados al suelo o dispersados mediante aspersores. En terreno kárstico, el camino al acuífero es corto y directo.
Moscas, abejas y milpa: la destrucción de lo cotidiano
Más allá del agua, el daño toca la vida diaria de maneras que ningún informe técnico termina de capturar.
Matilde Dzib, apicultora de Kinchil y voz de la resistencia comunitaria, enumera con calma y dolor lo que ha visto: la multiplicación de moscas que invaden los cultivos, la reducción drástica de la población de abejas por la fumigación de las empresas, los cítricos dañados que un ejidatario de Chapab mostró a las cámaras como evidencia.
“Toda esta contaminación está acabando con todo lo que hemos cuidado ancestralmente”, dijo. “Ya basta de que los gobiernos le den preferencia a estas empresas”.
La Red en Defensa del Agua y el Territorio Maya “To’one Ja’o’on” (Somos Agua), en su denuncia colectiva presentada en septiembre del 2025 ante Semarnat, Profepa y Conagua, documentó también que los efectos caen con especial fuerza sobre mujeres y niños: “Para las mujeres, estas megagranjas significan más enfermedades en nuestras niñas y niños, mayor inseguridad alimentaria y mayor violencia estructural para nuestros cuerpos y territorios”.
El monopolio y la ONU
El monopolio de la producción de cerdos en Yucatán está en manos del Grupo Porcícola Mexicano, Kekén. Organizaciones defensoras señalan que esta empresa, junto con otras de la agroindustria, es responsable de las afectaciones al Anillo de Cenotes, la Laguna de Términos, la Laguna Yalahau y la Reserva de la Biósfera de Celestún.
En marzo del 2026, el caso llegó a las Naciones Unidas. Habitantes de Santa María Chi, Chocholá y Sitilpech expusieron ante Marcos Orellana, relator especial de la ONU sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos, los daños ambientales provocados por las megagranjas en su territorio. El relator fue enfático: “Se trata de un tema de derechos humanos, ya que la exposición a sustancias peligrosas puede afectar garantías reconocidas internacionalmente como la vida, la salud y un medio ambiente sano”.
Lo que esperan de la Corte
Cuando las comunidades de Chapab y Kinchil impugnaron la Norma Técnica NTA-001-SDS-22 ante un juzgado federal, el amparo fue declarado improcedente. Pero recientemente la SCJN atrajo el caso y lo turnó a la ministra Sara Irene Herrerías. Es ahora el máximo tribunal quien debe decidir si el Gobierno de Yucatán debió haber consultado a los pueblos indígenas antes de publicar esa norma.
Las comunidades argumentan que la NTA no sólo fue emitida sin consulta, sino que tampoco obliga a las empresas a realizarla antes de instalarse en territorios mayas. Si la Corte valida el proyecto de Herrerías, el precedente podría cambiar las reglas del juego no sólo para las granjas, sino para cualquier megaproyecto que pretenda operar en territorio indígena sin el consentimiento de sus habitantes.
“El amparo en revisión es una oportunidad para hacer algo frente al desastre socioambiental de la península. Les exigimos que con su decisión garanticen los derechos del pueblo maya peninsular. No sean cómplices de la impunidad ambiental generada por los jueces y magistrados del Poder Judicial Federal en Yucatán”, enfatizaron los representantes comunitarios.
La decisión sigue en el aire. Y la contaminación de las granjas, también.
