Don Ernesto tiene 74 años y toda su vida construyó una casa en el poniente de Mérida. Hace tres años, uno de sus hijos se hizo cargo de su cuenta bancaria “para ayudarlo con las compras”. Hoy, el anciano no sabe cuánto dinero tiene ni puede acercarse al banco sin permiso. Nadie lo golpea. Nadie le grita. Pero vive, silenciosamente, en una trampa.
Casos como el de Don Ernesto –cuyo nombre fue cambiado para proteger su identidad– ilustran la forma de violencia que más preocupa a los especialistas en Yucatán: el abuso económico y patrimonial. Esta modalidad, que incluye el control indebido de bienes, pensiones, propiedades o recursos económicos sin consentimiento, ocurre mayoritariamente dentro del entorno familiar y permanece oculta por la complicidad de quienes, paradójicamente, deberían cuidar a la persona mayor.
“Hay mucho abuso en la condición patrimonial y económica. Ese es el que menos se denuncia”, advirtió Jorge Regla Villanueva, psicogerontólogo y director de SEA Activo, en el marco del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, que se conmemora por mandato de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Agresiones que no dejan moretones
El maltrato hacia las personas de la tercera edad no siempre se manifiesta con golpes visibles. Según Regla Villanueva, puede tomar múltiples formas: abuso físico, psicológico, económico, patrimonial y sexual, además del abandono. Todas estas expresiones coexisten en una sociedad que, según los propios datos, aún no ha desarrollado los mecanismos suficientes para detectarlas, prevenirlas ni sancionarlas.
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Los números nacionales son elocuentes. De acuerdo con estudios de la investigadora Liliana Giraldo Rodríguez, del Instituto Nacional de Geriatría (INGer), la prevalencia del maltrato en adultos mayores en México aumentó de 10.3% en el 2006 a 19.6% en el 2018, y en mediciones más recientes alcanza hasta el 32.1% de la población de este grupo. Esto significa que, potencialmente, casi uno de cada tres adultos mayores en el país ha experimentado algún tipo de abuso. El psicogerontólogo Regla Villanueva, con base en estudios nacionales, señaló una prevalencia de entre 16 y 32 por ciento.
El abuso psicológico –gritos, humillaciones, amenazas, la llamada ley del hielo‒ es el más frecuente y el más reportado, con una tasa del 28.1% según los estudios del INGer. Afecta directamente la autoestima, la salud emocional y la calidad de vida. Sin embargo, en Yucatán la mayor alarma se concentra en el frente económico.
El peso del silencio
El fenómeno no es exclusivo de Yucatán, pero en la entidad adquiere dimensiones particulares relacionadas con las estructuras familiares y con la persistencia de modelos culturales en los que la persona mayor cede el control de sus bienes a los hijos como señal de confianza o gratitud. El problema surge cuando esa cesión se convierte en despojo encubierto.
A nivel nacional, datos del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México indican que el despojo patrimonial representa el 26% de las solicitudes de apoyo recibidas y se ha mantenido como la demanda número uno desde el 2018. Entre el 2024 y el 2025, el 87% de los reportes de violencia contra personas mayores corresponde a casos ocurridos dentro del hogar. En el 61% de los casos de despojo, los responsables son los propios hijos.
El silencio de las víctimas tiene causas profundas. La persona mayor no denuncia por vergüenza, por miedo a represalias, por dependencia económica o afectiva de su agresor o, simplemente, porque no sabe que lo que vive es un delito. Las instituciones como el Inapam reconocen que los casos que llegan a sus ventanillas son apenas la punta del iceberg: la mayoría permanece invisible.
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Quiénes son más vulnerables
El riesgo de sufrir maltrato no se distribuye de manera uniforme entre las personas mayores. Regla Villanueva explicó que quienes acumulan múltiples condiciones de vulnerabilidad –ser mujer, pertenecer a un pueblo indígena, tener alguna discapacidad o padecer demencia‒ enfrentan un peligro exponencialmente mayor. A este fenómeno, los especialistas lo denominan interseccionalidad.
En Yucatán, la combinación de factores es especialmente relevante. El estado alberga una de las poblaciones indígenas más significativas del país –con comunidades mayahablantes distribuidas en buena parte del interior‒ y enfrenta simultáneamente un acelerado proceso de envejecimiento demográfico.
Según estimaciones del Conapo 2025, en México hay 17.1 millones de personas adultas mayores, equivalentes al 12.8% de la población nacional; las proyecciones indican que para el 2030 este grupo superará en proporción a la población infantil y adolescente.
Las mujeres mayores son las víctimas más frecuentes. Datos recientes señalan que el grupo que más reporta violencia corresponde a mujeres de entre 60 y 69 años, afectadas principalmente por violencia emocional –la más frecuente con un 62%‒ combinada, en muchos casos, con violencia patrimonial, física o sexual. La feminización del envejecimiento agrava este panorama: en México, la esperanza de vida de las mujeres alcanza los 78.9 años, lo que implica más años de exposición potencial al abuso.
A ello se suma la presencia de deterioro cognitivo. Las personas con algún tipo de demencia ‒Alzheimer u otras– son especialmente vulnerables porque su capacidad de reconocer el abuso, resistirlo o denunciarlo se ve comprometida. El agresor, que suele ser un familiar cercano agotado por la carga del cuidado, puede actuar con relativa impunidad.
Las herramientas fundamentales
Frente a este panorama, el psicogerontólogo Regla Villanueva subraya tres herramientas fundamentales: educación, sensibilización y denuncia. La construcción de una cultura que reconozca los derechos de las personas adultas mayores –y que deje de ver la vejez como una carga o como una etapa de pérdida irreversible de autonomía‒ es el punto de partida.
En México, la Secretaría de Salud ha reiterado su compromiso con el trato digno en el marco del Día Mundial de la Vejez, haciendo énfasis en combatir tanto la violencia visible como la invisible, y fortalecer el acceso efectivo a servicios de salud. El Inapam ofrece asesoría jurídica y orientación psicológica para las víctimas, aunque las propias autoridades reconocen que la subdenuncia sigue siendo el mayor obstáculo.
Para quienes sospechen de un caso de maltrato, las instituciones disponibles en Yucatán incluyen el DIF estatal, la Fiscalía General del Estado y las áreas especializadas de atención a adultos mayores. La Línea de la Vida (800 911 2000) también ofrece orientación. Sin embargo, los expertos coinciden: la mejor protección no llega por la vía institucional, sino desde el tejido familiar y comunitario.
Don Ernesto, el hombre que ya no puede acercarse a su propio banco, todavía espera que alguien en su familia note lo que ocurre. O que alguien, desde afuera, se atreva a preguntarle cómo está. A veces, eso es suficiente para romper el silencio.
