Vecinos de Carlos A. Madrazo, en el municipio de Othón P. Blanco, se encuentra hoy sumida en la indignación ante un caso de violencia intrafamiliar que lacera la dignidad.
Don Rogelio , un hombre de la tercera edad que vive con una discapacidad, ha sido blanco de una serie de agresiones físicas que, según las denuncias de sus propios allegados, tienen como presunto responsable a su propio hijo. En sus años de servicio profesional, Don Rogelio fue un enfermero ampliamente reconocido y respetado por su labor en el cuidado de la salud de otros, y que ahora, en el invierno de su vida, se encuentra desprotegido en su propio hogar.
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Los familiares de la víctima han señalado públicamente que su hijo presuntamente le retira la totalidad de estos recursos económicos, dejándolo sin los medios básicos para subsistir, adquirir medicamentos o recibir la atención especializada que su discapacidad requiere. Esta forma de violencia patrimonial mantiene a Don Rogelio en un estado de indefensión económica que agrava sus padecimientos físicos y psicológicos.
De acuerdo con los testimonios recabados, ya existen denuncias formales interpuestas ante las autoridades correspondientes y se han tocado diversas puertas institucionales en busca de auxilio urgente. Sin embargo, la respuesta no ha sido proporcional a la gravedad de los hechos, permitiendo que el ciclo de abuso continúe sin una intervención que garantice la seguridad de Don Rogelio. Se sabe que ha sido, ahora resguardado por un familiar, como red de apoyo.
Habitantes señalaron que no se trata únicamente de un conflicto doméstico, sino de un acto de crueldad sistémica donde la vulnerabilidad es aprovechada para el despojo.
Bajo este panorama, el marco legal vigente en Quintana Roo y a nivel federal establece mecanismos claros de protección que, en casos como el de Don Rogelio, parecen haber sido ignorados por las instancias encargadas de su ejecución.
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De acuerdo con la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado, cualquier acto que comprometa la supervivencia de un adulto mayor mediante la retención de sus pensiones o recursos económicos se tipifica como violencia patrimonial y económica. Esta normativa obliga a la familia a proporcionar cuidados y trato digno, prohibiendo explícitamente cualquier forma de explotación.
Asimismo, el Código Penal de Quintana Roo contempla sanciones severas para quienes atenten contra la integridad de este sector vulnerable. Al tratarse de una víctima mayor de 60 años con una discapacidad evidente, las penas por violencia familiar y lesiones pueden incrementarse hasta en una mitad de sus límites habituales. La ley es tajante: estos delitos deben perseguirse con urgencia para salvaguardar la dignidad humana, especialmente cuando el agresor es quien tiene la responsabilidad directa del cuidado de la víctima.
