El conflicto por la operación de Chichén Itzá volvió a escalar luego de que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) asegurara que el registro obligatorio para el ingreso de artesanos y vendedores fue acordado durante las mesas de diálogo con los trabajadores de la zona arqueológica. La versión fue rechazada por el Concejo Indígena de Gobierno de Pisté Chichén Itzá, que acusó a la dependencia federal de faltar a la verdad y de mantener una política de intimidación y discriminación contra la comunidad maya.
En un comunicado emitido anteanoche, el INAH informó que, en coordinación con el Gobierno de Yucatán, mantiene la exigencia de que artesanos y vendedores se registren diario para ingresar a laborar en el sitio arqueológico, medida que, afirmó, busca garantizar la seguridad, el orden y el adecuado funcionamiento del complejo turístico.
Según la dependencia, el procedimiento fue definido en las mesas de negociación para verificar que sólo ingresen las personas incluidas en el censo oficial de comerciantes y artesanos. Asimismo, argumentó que, tras la reapertura de Chichén Itzá el pasado 1 de junio, detectó el ingreso de personas ajenas a los acuerdos alcanzados, situación que motivó el establecimiento de controles adicionales.
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Como parte del nuevo mecanismo, quienes pretendan ingresar por el acceso del antiguo parador turístico deberán presentar su credencial para votar y su inclusión en el padrón autorizado. El INAH advirtió además que, de persistir el incumplimiento de este requisito, se cerrará la denominada Puerta 1, correspondiente al acceso tradicional.
Acusan falsedad y publican minutas
La respuesta del Concejo Indígena no tardó. En un pronunciamiento difundido ayer, la organización sostuvo que nunca aceptó la implementación de un registro obligatorio y afirmó que el INAH miente al asegurar que esa medida fue consensuada.
El organismo difundió las dos únicas minutas de trabajo que, aseguró, fueron firmadas por funcionarios del instituto durante las mesas de diálogo. También señaló que no hay más documentos porque fue el propio INAH quien suspendió las negociaciones, las cuales fueron transmitidas públicamente para garantizar transparencia.
El Concejo afirmó que tanto sus integrantes como las organizaciones de artesanos son los principales interesados en mantener el orden y la seguridad dentro de Chichén Itzá, razón por la cual desde 2014 cuentan con un padrón interno y un sistema de gafetes para identificar a quienes pertenecen a Pisté y desarrollan actividades comerciales en la zona arqueológica.
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Denuncian intimidación por presencia policial
Uno de los principales reclamos del Concejo es la presencia permanente de elementos de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional durante el proceso de ingreso, pues lo consideran un acto de hostigamiento y transmite una imagen negativa a los visitantes.
También sostuvo que el procedimiento vuelve más lento el acceso a la zona arqueológica y reiteró que tienen mecanismos propios para impedir el ingreso de personas ajenas.
El Concejo responsabilizó al INAH y al Gobierno del Estado de haber roto las mesas de diálogo e insistió en que sólo la dependencia federal ha intentado modificar de manera unilateral el padrón de artesanos para incorporar personas que, según su versión, no forman parte de las estructuras tradicionales de organización.
Además, acusó al instituto de mantener una actitud discriminatoria hacia la población maya de Pisté, al desconocer sus formas internas de organización y su capacidad para colaborar en la administración del sitio arqueológico.
El centro del conflicto
La disputa tiene como origen el Centro de Atención a Visitantes (Catvi), inaugurado el pasado 27 de marzo, donde fue habilitado un nuevo mercado de artesanías.
Un amplio sector de comerciantes rechaza trasladarse a ese espacio al argumentar que registra bajas ventas. Su principal demanda consiste en que continúen operando simultáneamente el Catvi y el antiguo parador turístico inaugurado en 1987, permitiendo que los visitantes elijan libremente por cuál acceso ingresar.
El lío alcanzó su punto más crítico el 19 de mayo, cuando un grupo de pobladores permitió el acceso gratuito de turistas a Chichén Itzá después de enterarse, durante una mesa de diálogo, del cierre con rejas del antiguo acceso, lo que calificaron como una traición a los acuerdos. La zona reabrió el 1 de junio.
