A unos días de que concluya el año, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) ya ha emitido un total de 13 recomendaciones a instituciones, dependencias y servidores públicos sobre casos en los que ciudadanos sintieron violentados o invalidadas sus garantías individuales. En 2024 se emitieron 16 recomendaciones.
Entre las instancias señaladas en estos pronunciamientos se encuentran personal de Seguridad Pública del Estado, la Fiscalía, así como los cabildos de los municipios de Motul, Acanceh, Maní y Kanasín. También figuran la directora general del DIF estatal y el secretario de Salud, de acuerdo con la información publicada por el organismo autónomo. Cabe señalar que las recomendaciones provienen de quejas interpuestas del 2020 al 2024.
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Las recomendaciones derivaron de casos relacionados con el ejercicio indebido de la función pública, negar asistencia a las víctimas, violaciones al debido proceso y omisiones institucionales que afectaron de manera directa a niños, adolescentes y adultos mayores. En varios expedientes, la Codhey acreditó vulneraciones a la libertad y a la integridad personal, así como fallas en la actuación de las autoridades responsables.
En sus resoluciones, la Comisión subrayó la necesidad de garantizar un acceso efectivo a la justicia, así como el cumplimiento y la ejecución de resoluciones en plazos razonables. Asimismo, enfatizó la importancia de reforzar las medidas de protección a grupos vulnerables, particularmente frente a la violencia de género y la falta de atención oportuna de las instituciones.
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El balance anual evidencia una presencia reiterada de instituciones de seguridad en las recomendaciones emitidas, lo que refleja preocupación constante por prácticas que pueden derivar en violaciones a derechos humanos. De igual forma, se advierte la urgencia de fortalecer mecanismos de defensa, supervisión y debido proceso en la entidad.
Ante este panorama, la Codhey exhortó a las autoridades involucradas a cumplir con las medidas de reparación del daño y a implementar medidas que prevengan la repetición de estas conductas. La respuesta y seguimiento institucional a estas recomendaciones será un elemento clave para evaluar el compromiso del Estado con la promoción y protección de los derechos humanos en Yucatán.
