El comisario de Santa María Chí, Wilberth Náhuat, pidió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga el caso relacionado con su solicitud de protección como defensor comunitario, después de que esa petición fuera rechazada y tampoco prosperara el juicio de amparo que promovió contra la decisión.
Náhuat sostiene que su situación está vinculada con la defensa del agua, el territorio y la salud de la comunidad maya frente a las afectaciones que atribuye a la actividad de una granja porcícola.
En junio de 2025 solicitó incorporarse al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas al considerar que existía riesgo para él y su familia.
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Según explicó, la petición fue rechazada bajo el argumento de que se trataba de un conflicto entre particulares.
El comisario cuestiona esa interpretación porque, a su juicio, no tomó en cuenta su papel como autoridad comunitaria ni que las acciones que realiza están relacionadas con la defensa ambiental.
Después de esa negativa promovió un juicio de amparo, que también fue rechazado.
Ahora, acompañado por el Instituto Federal de Defensoría Pública y organizaciones aliadas, busca que la Suprema Corte atraiga el asunto y determine si su caso debe analizarse bajo los estándares de protección aplicables a defensores de derechos humanos.
El conflicto ambiental
La petición llega en medio de una disputa de varios años en Santa María Chí por la operación de una granja porcícola.
La instalación fue clausurada definitivamente por la Profepa en septiembre de 2025 y posteriormente fueron retirados más de 41 mil cerdos.
La autoridad ambiental mantiene todavía en evaluación las afectaciones al agua y al suelo para determinar las medidas de reparación que deberá cumplir la empresa responsable.
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Ese procedimiento ambiental es distinto del caso que Náhuat pretende llevar a la Suprema Corte.
La solicitud ante la SCJN se relaciona con la negativa de protección que recibió como defensor comunitario, no con la clausura de la granja ni con la determinación directa de responsabilidades ambientales.
Procesos pendientes
Náhuat sostiene que el conflicto dejó consecuencias más allá de las afectaciones ambientales.
Asegura que integrantes de la comunidad han enfrentado temor e incertidumbre por su participación en movilizaciones y acciones de defensa territorial.
También señaló que existe un procedimiento penal relacionado con el conflicto que, de acuerdo con la información que él posee, todavía no ha quedado definitivamente resuelto.
Indicó que en junio se habría emitido una determinación de no ejercicio de la acción penal, pero que entre julio y octubre el asunto continuaba pendiente ante autoridades judiciales estatales.
Ese señalamiento corresponde a la versión del comisario y no fue acompañado en la información proporcionada por una resolución judicial que permita confirmar el estado procesal exacto.
Para el comisario, el caso de Santa María Chí no es únicamente individual.
Considera que puede tener implicaciones para otras comunidades mayas que participan en la defensa del territorio y que enfrentan consecuencias legales derivadas de movilizaciones, protestas o conflictos ambientales.
“Estamos protestando por la vida, por el medio ambiente, por los niños y por la salud”, sostuvo.
