Meses después del retiro de 41 mil 570 cerdos de la granja porcícola de Santa María Chi, habitantes de la comunidad siguen sin conocer formalmente la evaluación del daño ambiental ni las medidas que deberán aplicarse para repararlo.
El conflicto se extendió hacia Molas, donde pobladores aseguran que parte de los animales y de la infraestructura fue trasladada a unidades cercanas, lo que mantiene quejas por malos olores y preocupación por posibles afectaciones al acuífero que abastece a Mérida.
Wilberth Nahuat Puc, comisario de Santa María Chi y uno de los principales opositores a la operación de la granja, sostuvo que la clausura definitiva y el retiro de los animales representaron un avance, pero no resolvieron el problema de fondo.
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“Cómo resarcir el daño, cómo van a reparar”, cuestionó al señalar que la comunidad espera conocer el resultado del estudio y las acciones que deberán aplicarse en la zona.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) confirmó en mayo el retiro total de los 41 mil 570 ejemplares de la Granja Porcícola Santa María, operada por Pecuaria Peninsular, luego de que en septiembre de 2025 impuso la clausura definitiva por incumplimientos reiterados de medidas correctivas.
Entre las irregularidades señaladas estuvieron la descarga directa de aguas residuales sin autorización y la falta de caracterización de lodos. Como parte de la resolución sancionatoria, Pecuaria Peninsular recibió una multa de 18 millones 668 mil 100 pesos.
Profepa también ordenó a la empresa elaborar un Estudio de Daño Ambiental y, una vez aprobado, presentar un calendario para ejecutar medidas correctivas y de compensación.
Nahuat Puc afirmó que ese documento no ha sido entregado formalmente a los habitantes, por lo que desconocen qué afectaciones fueron identificadas y cuáles serán las acciones para atenderlas. También cuestionó los muestreos realizados por la autoridad federal para conocer las condiciones del agua.
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El comisario explicó que habitantes de Santa María Chi han efectuado monitoreos propios en más de 15 pozos, mientras que personal de Profepa, según su versión, acudió recientemente a tomar muestras sólo en uno. “¿Tan lejos para qué? No monitorearon en lo que está cerca y alrededor para ver ese impacto y ese daño”, señaló.
La comunidad sostiene que los estudios deben concentrarse también en pozos ubicados dentro y alrededor de Santa María Chi, donde buscan conocer si existen afectaciones relacionadas con los años de operación de la granja.
Para los pobladores, el retiro de los animales no representa el final del conflicto. Ahora exigen conocer qué ocurrió con el suelo y el agua y qué medidas serán necesarias para recuperar las condiciones ambientales de la zona.
Trasladan el problema
La preocupación se trasladó también a Molas. Habitantes de esa comisaría aseguran que parte de los cerdos y de la infraestructura retirada de Santa María Chi habría sido llevada a unidades porcícolas cercanas.
Rogelio Narváez, habitante de Molas, señaló que en la zona identifican numerosas naves y han denunciado malos olores, tránsito de vehículos pesados y posibles afectaciones ambientales.
Los pobladores temen que la actividad porcícola pueda impactar el acuífero de la región, del que depende el abastecimiento de agua de Mérida.
Por ello, exigieron a las autoridades esclarecer el destino de los animales retirados de Santa María Chi y verificar las condiciones bajo las cuales operan las granjas ubicadas alrededor de Molas.
Hasta ahora, las denuncias de los habitantes sobre un posible traslado de los animales y de las afectaciones hacia esa comisaría corresponden a señalamientos de la comunidad y no constituyen por sí mismas una confirmación oficial de daño ambiental en esa zona.
