Para la comunidad maya de Santa María Chi, comisaría del municipio de Mérida, el cierre definitivo de la granja porcícola Pecuaria Peninsular es una victoria histórica, pero también una advertencia: ganar la batalla no significa haber ganado la guerra.
Como ha informado POR ESTO!, la clausura definitiva fue ordenada por la Profepa el 4 de septiembre del 2025, derivada del incumplimiento reiterado de medidas correctivas relacionadas con el manejo ambiental de la granja, entre ellas la descarga directa de aguas residuales sin autorización y la omisión en la caracterización de lodos. Estas irregularidades derivaron también en una sanción económica de 18 millones 668 mil 100 pesos.
Durante una visita de verificación realizada el 29 de abril, personal de la Profepa constató que la empresa Pecuaria Peninsular cumplió con el programa calendarizado de cierre de operaciones, cuyo periodo de ejecución comprendió de septiembre del 2025 a abril del 2026. En cifras concretas: 41 mil 570 cerdos fueron retirados de las instalaciones.
Sin embargo, lo que la autoridad federal celebra como cumplimiento del programa de cierre contrasta con la realidad que describe el comisario ejidal Wilberth Alfonso Nahuat Puc, defensor del territorio y figura central de esta lucha.
Las pilas que nadie quiere ver
La granja tiene una extensión de 221 hectáreas. De las 70 naves que operaban, sólo 25 han sido desmanteladas o están en proceso de serlo —principalmente el área de maternidad. Lo que permanece en pie —y activo— son las pilas o cámaras de oxidación: cuatro depósitos de residuos porcinos que representan hoy el capítulo más urgente y menos atendido del caso. Una de ellas tiene capacidad para 21 mil metros cúbicos de lixiviados y excremento acumulado; las otras tres, para siete mil metros cúbicos cada una.
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Nahuat Puc lo dice sin rodeos: nadie ha informado qué tratamiento recibirán esos residuos, ni cuándo, ni quién lo pagará. “Sacamos agua de un pozo cercano a la granja y está amarilla y apesta a cerdo”, declaró. El riesgo no es hipotético. En la Península de Yucatán, el carácter kárstico del sustrato hace al manto freático especialmente vulnerable a la contaminación, lo que significa que los líquidos que se filtren desde esas pilas pueden alcanzar el acuífero subterráneo en cuestión de horas, sin barreras naturales que los detengan.
Un dictamen diagnóstico de la Semarnat y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua confirmó que las granjas en Yucatán generan partículas tóxicas que contaminan el manto freático, los cenotes y el medio ambiente; se han detectado condiciones muy críticas por concentración de nitrógeno amoniacal, fósforo y la bacteria Escherichia coli en al menos 13 municipios del estado.
Una lucha que viene de lejos
La Granja Porcícola Santa María —propiedad de los empresarios Oswaldo Loret de Mola Coldwell y Francisco José Loret de Mola Díaz, y aparcera de la empresa Kekén— operó durante más de 30 años a escasos 300 metros del centro poblacional de la comisaría. La población maya de Santa María Chi, de unas 500 personas, ha denunciado daños a la salud —especialmente en niños— con enfermedades gastrointestinales y respiratorias provocadas por la contaminación del agua y el aire.
Desde el 2023, la comunidad inició acciones legales que incluyeron más de cuatro amparos para el cierre del lugar, además de protestas para exigir que se respete su derecho a un medio ambiente libre de contaminación. A lo largo de ese proceso, la empresa presuntamente intentó crear división y conflicto dentro de la comunidad. El comisario Nahuat Puc pagó un precio personal: estuvo tres meses confinado en su domicilio —colindante con la granja— en lo que describe como una privación ilegal de la libertad, proceso penal que aún no concluye ante el Poder Judicial del Estado.
Pendientes: transparencia, remediación y justicia
En los próximos 10 días hábiles, la empresa deberá presentar su Estudio de Daño Ambiental final con las correcciones solicitadas por la Profepa; una vez aprobado, deberá entregar el calendario para la ejecución de las acciones correctivas y de compensación, cuyo cumplimiento será supervisado por la autoridad.
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Para la comunidad, estos plazos suenan a promesas ya escuchadas. El comisario recuerda que el compromiso oficial era que para abril de este año no quedaría rastro de la instalación: ni naves, ni cerdos, ni aguas negras. La realidad encontrada a principios de mayo cuenta otra historia.
El activista Sergio Oceransky, director de Fundación Yansa, consideró que lo mínimo que se debería de restablecer tendría que ser el tema del agua, la calidad del agua, los suelos. Y también la reforestación. “Toda la parte del daño que se ha venido acumulando durante mucho tiempo”.
Los vecinos de Santa María Chi tienen claro lo que quieren: participación real en las decisiones sobre el territorio, monitoreo ambiental independiente, y un plan de restauración que no llegue en papel sino en acciones. Hablan de convertir el predio en una plantación de árboles frutales u otro uso comunitario, pero sólo cuando el suelo deje de ser un peligro. Mientras tanto, exigen que las pilas de oxidación sean tratadas de forma urgente antes de que una temporada de lluvias disperse ese caudal tóxico hacia el acuífero que beben sus hijos.
