El 29 de abril pasado, inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) llegaron a la comisaría de Santa María Chi, al sur de Mérida, para hacer el recuento final. No quedaba ni un cerdo. Después de varios años de protestas y denuncias de habitantes que reportaron afectaciones a la salud y a los recursos naturales por malas prácticas de la granja, las instalaciones de Pecuaria Peninsular estaban vacías. Los 41 mil 570 ejemplares porcinos que alguna vez habitaron esos corrales habían sido retirados uno a uno entre septiembre del 2025 y abril del 2026, en cumplimiento de la clausura total definitiva impuesta por la autoridad ambiental.
Para los pobladores mayas de Santa María Chi –una comunidad de alrededor de 500 personas enclavada entre la selva yucateca y la mancha urbana de Mérida– ese día representó algo más que un trámite burocrático: fue el cierre de un capítulo de hartazgo, enfermedades y lucha que comenzó en el 2021.
Una guerra de olores y papeles
La historia de esta confrontación tiene raíces en una paradoja clásica del desarrollo regional: una industria que genera divisas para el estado y carne para medio mundo, pero que descarga sus consecuencias más crudas sobre quienes tienen menos poder para resistirla.
Las megagranjas porcícolas generan enormes cantidades de desechos que se filtran al suelo kárstico de la Península, contaminando los cenotes, ríos subterráneos y el acuífero del que depende el agua de millones de personas. Ese acuífero no es un recurso abstracto: es el alma hídrica de Yucatán, un estado que no tiene ríos superficiales y donde cada gota de agua potable proviene de ese laberinto subterráneo de cuevas, grietas y cenotes interconectados bajo la superficie.
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El sistema kárstico, compuesto por rocas como la cal y el yeso, es altamente permeable y está interconectado por cenotes, grietas y cavernas. Esta condición convierte al acuífero en un sistema extremadamente vulnerable, pues cualquier contaminante que se infiltra en el suelo puede llegar rápidamente al agua que consumen miles de personas.
Lo que los vecinos de Santa María Chi vivían en carne propia ya había sido documentado científicamente en otras comunidades cercanas. Las comunidades de Kinchil y Maxcanú realizaron un monitoreo de aguas con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y el resultado confirmó el daño ambiental que generan las megagranjas porcícolas: el cien por ciento de las muestras dio positivo en presencia de coliformes fecales.
El padecimiento tenía rostros concretos. La población maya de Santa María Chi ha denunciado daños a la salud, en especial a los niños, quienes padecieron enfermedades gastrointestinales y respiratorias por la contaminación del agua y el aire. En el 2023, la indignación se desbordó cuando los habitantes descubrieron que la empresa estaba quemando el excremento de los animales en el monte, generando una nube tóxica que durante semanas envolvió sus casas. En mayo de ese año, la comunidad inició un campamento a un costado de la entrada de la megagranja, en protesta por las continuas enfermedades que atribuían a sus operaciones.
El peso del expediente
Ante la presión comunitaria, la Profepa comenzó a actuar, aunque el proceso fue lento y accidentado. En atención a denuncias presentadas por organizaciones de la sociedad civil y por las comunidades mayas desdel 2021, la Profepa realizó visitas de inspección a granjas porcícolas ubicadas en Yucatán en más de veinte municipios, incluyendo Muna, Mérida, Kinchil, Izamal, Tizimín, Santa Elena, Conkal, Cacalchén, Hoctún, Hunucmá y Tekax, entre otros.
Pecuaria Peninsular fue detectada como una de las más reincidentes. La granja, propiedad de los empresarios Oswaldo y Francisco José Loret de Mola y aparcera del consorcio porcícola Kekén, acumuló incumplimiento tras incumplimiento. Entre las irregularidades más graves detectadas por la autoridad ambiental destacan la descarga directa de aguas residuales sin permiso, así como la omisión en la caracterización de los lodos generados por la operación de la granja.
La empresa intentó defender su situación legal exhibiendo ante la Profepa un permiso de descarga de aguas residuales, pero con un detalle fatal: el permiso estaba a nombre de otra razón social. La Ley de Aguas Nacionales estipula claramente que cualquier persona que realice descarga de aguas residuales debe contar con el permiso emitido por la Conagua.
Mientras las autoridades acumulaban expedientes, los vecinos acumulaban amparos. La comunidad interpuso más de cuatro amparos para el cierre del lugar, radicados en los juzgados primero, segundo, tercero y cuarto de distrito en Yucatán. La respuesta de la empresa no fue negociar ni corregir: fue contrademandar. La empresa denunció al comisario ejidal Wilbert Alfonso Nahuat Puc, por delitos de despojo de cosa inmueble y privación ilegal de la libertad. Una táctica intimidatoria que en México tiene nombre propio: la criminalización de los defensores ambientales.
La clausura como precedente
El 4 de septiembre del 2025, la Profepa finalmente bajó el martillo. La medida se tomó como consecuencia del incumplimiento reiterado de siete medidas correctivas ordenadas previamente por la autoridad. Junto con los sellos de clausura, llegó una multa de 18 millones 668 mil 100 pesos.
Para la procuradora Mariana Boy Tamborrell, el momento tenía un significado que trascendía lo administrativo: “Este caso es fundamental para la Profepa. Conocemos la lucha de años de las comunidades de la zona, quienes han padecido los impactos y las afectaciones a su calidad de vida y a su entorno. Las vecinas y vecinos de esta empresa se han amparado, han hecho denuncias, han buscado la justicia con autoridades de todos los niveles.”
El gobierno del estado confirmó que, tras la clausura, la granja sería reubicada a otro espacio que ya cuenta con los permisos de Semarnat, aunque el proceso no sería inmediato dado el gran número de animales que debían trasladarse. Un proceso que, según verificó la Profepa el 29 de abril de 2026, se cumplió conforme al calendario acordado.
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El problema mayor: la industria en la península
El caso de Santa María Chi no es una anomalía sino un síntoma. En el 2023, la organización Mercy For Animals Latinoamérica identificó, mediante análisis satelital, al menos 872 posibles megagranjas de cerdos en Yucatán, muchas de ellas ubicadas dentro de Áreas Naturales Protegidas, algunas reconocidas como Sitios Ramsar o humedales de importancia internacional. Años antes, en el 2020, Greenpeace México documentó la existencia de 257 granjas porcícolas en el estado, de las cuales hasta entonces solo 22 contaban con Manifestación de Impacto Ambiental.
Datos oficiales del 2025 señalan que 186 granjas están inscritas en el Registro Público de Derechos de Agua y generan unos 11 millones de metros cúbicos de aguas residuales al año. Sin embargo, incluso entre las instalaciones que reportan manejo de aguas, sólo una parte reutiliza el agua tratada; el resto continúa vertiendo efluentes con potencial de contaminación.
El daño no se limita al agua. La industria porcícola no sólo afecta el agua: también contamina el aire al liberar amoniaco y ácido sulfhídrico producto de la descomposición de excrementos, que pueden tener efectos adversos en la salud de las poblaciones cercanas. Vecinos de localidades cercanas a granjas han reportado olores persistentes, proliferación de moscas y mosquitos, cambios en la calidad del agua de pozos y cenotes, y efectos en cultivos y ganado menor.
Lo que viene
La salida de los cerdos de Santa María Chi no es el fin del proceso, sino apenas el comienzo de la reparación. La empresa tiene un plazo de diez días hábiles para presentar su Estudio de Daño Ambiental final con las correcciones solicitadas por la Profepa. Tras su aprobación, deberá entregar un calendario de acciones correctivas y de compensación. La autoridad verificará su cumplimiento.
La Red en Defensa del Agua y el Territorio Maya “To’one Ja O’on” –cuyo nombre en lengua maya significa, aproximadamente, “Nosotros somos el agua”– fue informada formalmente el 30 de abril de los pasos a seguir. Cuatro años después de sus primeras denuncias, tienen en sus manos algo que en México escasea: un resultado.
La pregunta que queda flotando sobre el acuífero yucateco no es si Pecuaria Peninsular cerró –eso ya ocurrió– sino cuántas de las otras 800 granjas que salpican la península seguirán descargando impunemente sus aguas negras sobre el laberinto de cenotes que alimenta la sed de millones. Esa batalla, la comunidad de Santa María Chi lo sabe mejor que nadie, apenas comienza.
