La confrontación entre las bancadas de los partidos Morena y Acción Nacional en el Congreso del Estado salió del recinto legislativo y llegó al ámbito electoral.
La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (Iepac) admitió una denuncia para determinar si expresiones realizadas por la diputada morenista María Esther Magadán Alonzo durante una sesión del Pleno constituyen violencia política contra las mujeres en razón de género.
La queja fue promovida por legisladoras del Partido Acción Nacional (PAN), quienes sostienen que las declaraciones de la representante de Morena desacreditan la autonomía y capacidad de decisión de las mujeres que desempeñan cargos públicos, al insinuar que sus posicionamientos obedecen a intereses ajenos y no a convicciones propias.
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El procedimiento deriva de la sesión ordinaria celebrada el pasado 29 de mayo, cuando el Congreso local discutía temas relacionados con los feminicidios y la violencia contra las mujeres. Desde la tribuna, Magadán Alonzo cuestionó si “realmente son las mujeres del PAN las que hablan o son intereses de quienes las dirigen”, además de calificar como “oportunistas”, “desatinadas” y “mezquinas” las posturas de las diputadas de oposición.
Exigen disculpa pública
Para las promoventes, esas expresiones podrían reproducir estereotipos que minimizan la capacidad de las mujeres para actuar con independencia en la toma de decisiones públicas, una conducta que la legislación mexicana contempla en los supuestos que pueden configurar violencia política contra las mujeres en razón de género cuando limita o menoscaba el ejercicio de sus derechos político-electorales.
En su escrito, las diputadas panistas solicitaron que la autoridad electoral analice el caso conforme al marco legal y, en caso de acreditarse la infracción, ordene a la legisladora ofrecer una disculpa pública ante el Pleno del Congreso del Estado, reconocer el carácter indebido de sus expresiones y abstenerse de repetir manifestaciones similares.
Asimismo, pidieron que, si existe una resolución firme que determine su responsabilidad, María Esther Magadán Alonzo sea inscrita en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, mecanismo administrado por las autoridades electorales para dar seguimiento a las resoluciones definitivas en esta materia.
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Situación tipificada
La violencia política contra las mujeres en razón de género está prevista en la legislación electoral federal y estatal como cualquier acción u omisión, basada en elementos de género, que tenga por objeto o resultado limitar, obstaculizar o menoscabar el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres o el desempeño de un cargo público.
Esta falta puede ser perpetrada por cualquier persona o grupo de personas, el Estado o sus agentes, superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o sus representantes, así como por medios de comunicación y sus integrantes, con aciones como hostigamiento y amenazas, uso de estereotipos o violencia simbólica, física o psicológica.
Su análisis corresponde a las autoridades electorales, quienes deben valorar el contexto, el contenido de las expresiones y sus posibles efectos antes de emitir una resolución.
Por ahora, el procedimiento se encuentra en etapa de sustanciación y será el Iepac, conforme a sus atribuciones, el que determine si las manifestaciones denunciadas constituyen o no violencia política contra las mujeres en razón de género y, en su caso, las consecuencias jurídicas correspondientes.
