Un grupo de ejidatarios de Umán presentará una demanda ante el Tribunal Agrario para solicitar la invalidación de los acuerdos aprobados durante la asamblea realizada el pasado 8 de julio, al considerar que existieron diversas irregularidades relacionadas con la cesión de tierras y el pago efectuado a los comuneros, según informó Luis Pech Pech, quien fungió como presidente de la mesa de debates durante dicha reunión.
El representante explicó que el conflicto tiene su origen en una operación realizada en 2007, cuando la asamblea autorizó la venta de mil hectáreas del ejido. Sin embargo, aseguró que en los anexos del acuerdo fueron incorporadas otras 681 hectáreas de manera irregular, registradas a nombre de Tomás Montero, ya fallecido, y Antonio Cortés, a quienes señaló como presuntos prestanombres de Francisco Xool.
Irregularidad detectada tras recorrido
De acuerdo con Pech Pech, esta situación salió a la luz tras un recorrido efectuado en la zona por donde presuntamente atravesará el gasoducto de Mayakán. Fue entonces cuando detectaron que las hectáreas adicionales habían sido incluidas sin conocimiento de la mayoría de los ejidatarios, lo que generó inconformidad entre varios integrantes del núcleo agrario.
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Añadió que durante la asamblea nadie quería reconocerse como posesionario de esas parcelas, debido a que ya conocían que los terrenos habían sido transferidos o vendidos mediante procedimientos que calificó como amañados. No obstante, finalmente la mayoría aprobó incorporar esos predios al proyecto del gasoducto para recibir el pago correspondiente por la cesión de la superficie.
Luis Pech sostuvo que, con el objetivo de acceder al recurso económico ofrecido, se dejaron de lado diversas anomalías durante aquella sesión.
Indicó que inicialmente a los ejidatarios sólo se les entregaron dos mil pesos de los 13 mil prometidos, motivo por el cual decidió no firmar el acta en su calidad de presidente de la mesa de debates.
Recursos mal distribuidos
Posteriormente, señaló, se cubrió el resto del pago a quienes firmaron el documento de cesión, aunque afirmó que también hubo inconsistencias en la distribución del dinero. Los más de mil ejidatarios fueron divididos en ocho grupos y que mientras algunos recibieron cantidades superiores, la mayoría sólo obtuvo los 13 mil pesos acordados.
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El representante informó que el abogado encargado del caso prepara la documentación para presentar la demanda ante el Tribunal Agrario y otras instancias competentes, en representación de los 52 ejidatarios que se negaron a firmar el acta. El objetivo será solicitar la nulidad de los acuerdos aprobados durante la asamblea del 8 de julio.
Anunció que el próximo domingo 2 de agosto sostendrá una reunión con los ejidatarios inconformes para definir la estrategia jurídica, establecer nuevos acuerdos y fijar la fecha en la que será presentada formalmente la demanda, con la intención de que las autoridades agrarias revisen la legalidad del procedimiento y de los acuerdos adopta-dos.