La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) colocó ayer por la madrugada sellos de clausura en el predio donde avanzan las obras del complejo inmobiliario “Las Dunas”, en Chuburná Puerto, comisaría de Progreso.
La medida, identificada con el folio PFPA/YUC/092/IA/2026 y ligada al expediente ExpPFPA/3712/354/0080-26, llega después de varias semanas de denuncias por la remoción de vegetación dunar y se convierte en el primer acto de autoridad contra un proyecto que ha detonado una de las movilizaciones ambientales más amplias de la costa yucateca en lo que va del año.
La lona colocada por la dependencia federal, con el sello “Clausurado”, apareció en el sitio, donde vecinos y activistas confirmaron que no había maquinaria ni personal trabajando. Hasta el cierre de esta edición, la Profepa no había boletinado oficialmente las causas específicas ni el alcance de la medida, aunque se presume temporal, como ha ocurrido en clausuras previas aplicadas a otros desarrollos de la zona.
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El colectivo “Salvemos las Dunas”, integrado por vecinos de Chuburná Puerto, pescadores, guías turísticos y activistas ambientales, documentó desde hace semanas trabajos de desmonte con maquinaria pesada en el área de duna costera, un ecosistema que funciona como barrera natural frente a huracanes y nortes, protege el manto freático y sirve de hábitat a especies protegidas. Entre ellas, la matraca yucateca (Campylorhynchus yucatanicus), catalogada en peligro de extinción y endémica de la península, así como tortugas carey y verde y el colibrí tijereta, también propios de este tramo del litoral.
Sigue la lucha comunitaria
La clausura, sin embargo, no cierra el conflicto. El colectivo llamó a continuar la campaña de firmas en la plataforma Change.org y confirmó que la marcha convocada para este viernes 31 de julio, a las 18:00 horas, con salida del Monumento a la Patria en Mérida, se mantiene en pie.
Los organizadores exigirán a los tres órdenes de gobierno la cancelación definitiva del proyecto, la revocación de las autorizaciones ambientales, una auditoría integral del proceso de permisos, la investigación de responsabilidades administrativas y la reparación de los daños ya ocasionados.
La presión ciudadana ya había tenido un efecto días antes de la clausura. El Gobierno de Yucatán solicitó formalmente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la propia Profepa verificar que el desarrollo cumpliera con todas las autorizaciones federales y las condicionantes fijadas para su ejecución, entre ellas la conservación total del humedal costero, el manglar y la Zona Federal Marítimo Terrestre presentes en el predio.
El caso también reabrió el debate sobre el historial de presión inmobiliaria en el corredor Chuburná–Chelem, una franja que la propia Profepa ha identificado como foco rojo por invasiones y desmontes clandestinos: en antecedentes recientes, la dependencia confirmó la tala y quema sin autorización de más de 18 mil metros cuadrados de manglar y ciénaga para lotificaciones irregulares en la misma zona.
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Un proyecto con tropiezos desde el 2023
El expediente de “Las Dunas” no es nuevo. La Semarnat negó la autorización del proyecto en el 2023, cuando la zona estaba catalogada como altamente vulnerable en el Plan de Desarrollo Urbano de Progreso. Cambios posteriores a ese instrumento, sumados a permisos municipales y dictámenes estatales, permitieron que la dependencia federal aprobara la Manifestación de Impacto Ambiental el año pasado.
Según ese documento, el complejo turístico ocupará 92,017.30 metros cuadrados y contempla 138 departamentos repartidos en 14 torres, divididas en dos secciones: “Dunas uno”, con ocho edificios de cinco niveles y 72 departamentos, y “Dunas dos”, con seis torres de seis niveles y 66 departamentos. El proyecto incluye locales comerciales, cafetería, cuatro albercas y áreas de administración y servicios. Según su publicidad, las unidades se ofertan desde 8.5 millones de pesos.
Un dato llamó la atención de especialistas y activistas: pese a que el proyecto no cambió de escala, el monto de inversión anunciado pasó de 120 millones de pesos en el 2023 a 18 millones en el 2024, mientras que el presupuesto destinado a mitigar impactos ambientales se mantuvo fijo en 200 mil pesos.
La empresa detrás del desarrollo
Como informó POR ESTO!, “Las Dunas” es promovido por Designia Desarrollos, consorcio con sede en Mérida que en años recientes ha participado en proyectos de gran escala en la entidad, como Paseo 60, las torres 60 Norte, Casona 333, Tívoli Mérida Residences y el complejo Siela, en Telchac Puerto. Entre los socios identificados figuran José Chapur Zahoul, presidente honorario de Grupo Palace, y Víctor Abraham Palomo, vicepresidente del Consejo Peninsular de Designia y empresario con trayectoria hotelera e inmobiliaria en Ciudad del Carmen, Campeche.
La obra se sostiene en una Factibilidad Urbana Ambiental otorgada por la Secretaría de Desarrollo Sustentable durante la administración estatal anterior y en autorizaciones emitidas por el Ayuntamiento de Progreso, encabezado por Julián Zacarías Curi en ese mismo periodo.
Especialistas del Instituto de Ecología de la UNAM han advertido, en análisis sobre construcciones similares en la costa peninsular, que edificar sobre sistemas dunares altera el transporte natural de arena que alimenta las playas, puede acelerar la erosión costera y aumentar la vulnerabilidad frente a huracanes y marejadas.
Con la clausura ya colocada pero sin resolución definitiva, y con la marcha de hoy como siguiente episodio, el caso de “Las Dunas” se consolida como uno de los conflictos ambientales más visibles del litoral yucateco, en un momento en que el crecimiento inmobiliario y la fragilidad de los ecosistemas costeros vuelven a chocar frente a la mirada pública.
