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Yucatán / Mérida

Elecciones 2027: Yucatán enfrenta el desafío de frenar la violencia política contra las mujeres

El TEPJF cuenta con criterios y precedentes para actuar, aunque reconoce que las nuevas tecnologías podrían generar casos inéditos.

Violencia política contra mujeres amenaza con convertirse en desafío para Yucatán en 2027
Violencia política contra mujeres amenaza con convertirse en desafío para Yucatán en 2027 / Alejandro Febles

A pocos meses de que comiencen los preparativos para la jornada electoral de 2027, la violencia política contra las mujeres en razón de género se perfila como uno de los principales desafíos para las autoridades jurisdiccionales, advirtió Roselia Bustillo Marín, Magistrada Presidenta de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Durante su visita a Yucatán, Bustillo Marín participó, junto con el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán (TEEY), en la conferencia magistral “Justicia Electoral y Violencia Política en Contra de las Mujeres en Razón de Género”, donde destacó que ya existen criterios, jurisprudencias y precedentes que permitirán actuar ante posibles casos durante los próximos comicios.

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La magistrada explicó que esta problemática, vinculada con roles y estereotipos de género, cobró mayor visibilidad a partir de la reforma de paridad de 2014 y, posteriormente, con las modificaciones legales de abril de 2020, que incorporaron disposiciones específicas para atender la violencia política contra las mujeres.

Sin embargo, señaló que todavía existen vacíos legales y nuevos escenarios que deberán ser analizados, principalmente por el desarrollo de las plataformas digitales. Entre ellos mencionó el uso de inteligencia artificial y su posible aplicación en propaganda electoral, un terreno en el que ya existen resoluciones, pero que podría generar situaciones inéditas durante el proceso de 2027.

Bustillo Marín subrayó que uno de los principales retos será distinguir entre la crítica legítima dentro del debate político y aquellas expresiones que constituyan violencia política de género. Precisó que las candidatas y funcionarias están sujetas al escrutinio público y pueden enfrentar cuestionamientos severos, siempre que estos no se basen en estereotipos o ataques relacionados con su condición de mujer.

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Agregó que las agresiones también pueden ocurrir mediante omisiones de autoridades o integrantes de los ayuntamientos. Explicó que existen casos en los que regidoras o síndicas han denunciado falta de pago de dietas, exclusión de sesiones de Cabildo, ausencia de oficinas o herramientas de trabajo, así como restricciones para intervenir durante las reuniones.

Ante este panorama, la magistrada sostuvo que la protección de los derechos políticos de las mujeres debe garantizarse durante todas las etapas de su participación, desde las pre-candidaturas y candidaturas hasta la toma de protesta y el ejercicio del cargo. El objetivo, enfatizó, es evitar acciones u omisiones que obstaculicen, menoscaben o anulen su participación en la vida pública.