La iniciativa privada yucateca fijó una línea roja rumbo a la elaboración del paquete fiscal del 2027: no más impuestos ni incrementos a las contribuciones, al advertir que una nueva presión sobre las empresas podría provocar cierres, pérdida de competitividad y afectaciones a las fuentes de trabajo.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Yucatán, José Enrique Molina Casares, sostuvo que el sector productivo permanecerá atento a las mesas de trabajo que comenzarán a definir los ingresos y el gasto público del próximo año, pero adelantó que rechazarán cualquier intento de aumentar nuevamente la carga tributaria.
“Definitivamente las empresas no pueden aguantar un nuevo impuesto o nuevo derecho o, ahora sí, una nueva carga fiscal”, afirmó.
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La advertencia ocurre después de que para el ejercicio fiscal del 2026 el Gobierno del Estado elevó de 3 a 3.75 por ciento el Impuesto sobre Nóminas (ISN), uno de los principales gravámenes que pagan los empleadores en Yucatán. La tasa de 3.75 está vigente.
El ajuste generó inconformidad empresarial desde su planteamiento. La administración estatal sostuvo entonces que no se crearon nuevos impuestos y que el incremento del ISN se aplicaría bajo un esquema diferenciado: alrededor del 4 por ciento de las más de 20 mil empresas contribuyentes lo pagaría completo, y el resto tendría estímulos fiscales para amortiguar el impacto.
Para Molina Casares, sin embargo, repetir una medida de ese tipo en el 2027 significaría aumentar nuevamente los costos operativos de los negocios.
El también presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida (Canacome) señaló que comerciantes y empresarios ya cumplen con el pago de derechos e impuestos, por lo que consideró necesario que el Gobierno estatal busque mecanismos de coordinación antes que nuevas vías de recaudación.
“Cada uno de nosotros como comerciantes y como empresarios estamos saliendo todos los días a trabajar, pagamos nuestros derechos e impuestos y, por el contrario, lo que queremos es una comunicación transparente, directa con el Gobierno del Estado para ver cómo podemos trabajar en equipo”, expuso.
Cuentas claras
Además del frente tributario, el dirigente empresarial colocó sobre la mesa otro punto: la vigilancia del gasto público. Molina Casares señaló que existe comunicación con la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) y confió en que el ejercicio de los recursos mantenga correspondencia entre lo presupuestado y lo efectivamente gastado. “Creemos que este ejercicio va a transitar de manera regular, es decir, lo presupuestado contra lo ejercido es lo correcto; no debe haber sorpresa ni ninguna variación”, manifestó.
Añadió que el empresariado buscará vigilar tanto la integración del presupuesto como su posterior aplicación, con el objetivo de que los recursos tengan efectos visibles en beneficio de la población y de la actividad económica.
La discusión adquirirá mayor relevancia durante el último cuatrimestre del año, cuando el Gobierno
estatal deberá construir el Paquete Fiscal 2027, que incluye la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos.
El proceso del año pasado ofrece una referencia del calendario. El paquete fiscal correspondiente
a 2026 fue analizado por el Congreso estatal durante diciembre y posteriormente fueron publicados tanto la Ley de Ingresos como las modificaciones hacendarias y el Presupuesto de Egresos.
Entre septiembre y diciembre se
prevé la participación del Consejo Consultivo de Presupuesto, espacio en el que intervienen representantes de cámaras empresariales, organizaciones civiles y colegios de profesionistas, entre otros sectores
