Los conflictos familiares se han convertido en la principal fuente de trabajo para los juzgados de primera instancia en Yucatán.
Durante el 2025 ingresaron 29 mil 991 expedientes, de los cuales 45.46% correspondió a materia familiar. La proporción equivale a aproximadamente 13 mil 634 asuntos relacionados con divorcios, pensiones alimenticias, custodia, convivencia, patria potestad y otras controversias que nacen dentro de los hogares.
En términos prácticos, casi uno de cada dos nuevos expedientes que llegaron a primera instancia tuvo origen en un problema familiar.
La concentración ocurre además en un escenario de mayor demanda judicial. El número total de asuntos aumentó 5.63% respecto al 2024, por lo que no sólo creció el volumen de expedientes, sino que la materia familiar mantuvo una presencia dominante dentro del sistema.
En función más salas
La presión ha obligado a ampliar la capacidad especializada. Durante el 2025 entraron en funcionamiento seis nuevos Juzgados de Oralidad Familiar en Mérida, como parte de una expansión que elevó de 51 a 61 el número de juzgados de primera instancia en el estado.
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La creación de esas salas permite dimensionar el volumen de asuntos que requieren atención específica. A diferencia de otros litigios, los expedientes familiares suelen involucrar decisiones que afectan directamente el sustento económico, la convivencia entre padres e hijos, la custodia de menores o la protección de personas en condiciones de riesgo.
Ese último aspecto también aparece reflejado en las 850 medidas de protección dictadas durante el año.
Las disposiciones fueron utilizadas para resguardar a personas ante situaciones que requerían intervención inmediata, entre ellas mujeres, menores de edad, adultos mayores y hombres que tienen bajo su cuidado a hijos menores.
La cifra no significa que existieran necesariamente 850 casos distintos de violencia familiar, pues una medida de protección puede derivarse de diferentes procedimientos y circunstancias. Sí muestra, sin embargo, otra dimensión de la carga que enfrentan los tribunales cuando un conflicto doméstico rebasa el ámbito privado y requiere la intervención de una autoridad.
Pensiones, otro frente
El incumplimiento de obligaciones alimentarias constituye otra expresión de los conflictos que terminan en el sistema judicial.
Durante el 2025 fueron inscritos 61 deudores alimentarios morosos en el registro estatal, mientras que 86 casos quedaron asentados en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.
La incorporación a estos padrones ocurre cuando existen obligaciones de manutención incumplidas conforme a los procedimientos establecidos y puede generar consecuencias adicionales para la persona registrada.
Detrás de esas cifras se encuentran principalmente controversias relacionadas con el sostenimiento de hijos y otras personas con derecho a recibir alimentos, uno de los asuntos recurrentes en los juzgados especializados.
Dos de cada tres logran acuerdo
Una parte de los conflictos consigue resolverse sin recorrer todas las etapas de un juicio. El Centro Estatal de Solución de Controversias abrió 2 mil 763 asuntos durante el año y logró concluir satisfactoriamente mil 817, mediante acuerdos entre las partes.
La proporción representa 65.76% de los casos atendidos, es decir, casi dos de cada tres.
La mediación y otros mecanismos alternativos permiten alcanzar convenios sin esperar una sentencia judicial y pueden reducir tanto los tiempos para las personas involucradas como la presión sobre los tribunales.
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Aun así, la entrada de casi 30 mil nuevos expedientes durante un solo año muestra que la demanda continúa creciendo.
Una justicia marcada por los hogares
La distribución de los asuntos permite identificar un cambio relevante en la carga cotidiana del sistema judicial.
Aunque los tribunales atienden materias civiles, mercantiles, penales y de otro tipo, ninguna concentra en primera instancia una proporción tan elevada como la familiar.
Los aproximadamente 13 mil 634 expedientes de esta materia significan un promedio cercano a 37 nuevos asuntos por día durante todo el año, si se distribuye el volumen entre los 365 días.
No significa que los tribunales reciban exactamente esa cantidad diariamente, pero permite dimensionar el flujo que genera solamente esta especialidad.
A ello deben añadirse las medidas de protección, los procedimientos relacionados con obligaciones alimentarias y los casos que se canalizan hacia mecanismos de mediación.
El crecimiento de la infraestructura especializada responde, por tanto, a una presión concreta: cada vez más conflictos que comienzan en el ámbito doméstico terminan requiriendo una resolución judicial.
