Los conflictos relacionados con la propiedad, posesión y sucesión de tierras mantienen a Yucatán como el estado con la mayor actividad en materia de justicia agraria del país. Durante 2025, el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 34, con sede en Mérida, recibió 2 mil 301 expedientes, la cifra más alta registrada entre los 51 tribunales agrarios que operan en México, de acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2026 elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El volumen de asuntos colocó a Yucatán por encima de entidades con una extensa superficie rural y una importante actividad agrícola, como San Luis Potosí, Estado de México y Veracruz, que ocuparon los siguientes lugares en el ranking nacional.
Del total de expedientes ingresados en el tribunal yucateco, 2,285 fueron admitidos, equivalente al 4.4 por ciento de los 52,185 asuntos registrados durante 2025 en todos los tribunales agrarios del país. El Inegi señala que, a nivel nacional, la recepción de nuevos casos aumentó 4.9 por ciento respecto a 2024.
La elevada demanda también se reflejó en la productividad del órgano jurisdiccional. El tribunal de Mérida concluyó 2,144 expedientes durante el año, con lo que encabezó el país en asuntos terminados y aportó 4.2% de los 51,189 casos concluidos a nivel nacional. Al cierre de 2025 permanecían 903 expedientes en trámite.
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En cuanto a las resoluciones emitidas, el órgano jurisdiccional yucateco volvió a ubicarse entre los de mayor actividad al dictar 2,277 sentencias, cifra que representó el 4.1% del total nacional y que le permitió ocupar el segundo lugar del país, únicamente por debajo del tribunal de Zacatecas, que registró 4,328 resoluciones.
Mucho trabajo, pero pocos recursos
A pesar de encabezar la carga de trabajo nacional, el Tribunal Unitario Agrario de Mérida opera con un presupuesto considerablemente menor al de otras entidades.
El censo del Inegi indica que durante 2025 recibió 12.8 millones de pesos, monto que lo colocó en la posición 21 entre los tribunales agrarios del país. La diferencia resulta evidente frente al Estado de México, que encabezó la asignación presupuestal con 48.8 millones de pesos, casi cuatro veces más recursos que los destinados al órgano jurisdiccional yucateco.
La comparación también evidencia un contraste entre carga laboral y financiamiento, pues mientras Yucatán resolvió el mayor número de expedientes, su presupuesto se mantiene lejos de los primeros lugares nacionales.
Amplia diferencia con el resto de la Península
La actividad del tribunal yucateco también supera ampliamente a la de los demás estados de la Península.
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En Quintana Roo, el Tribunal Unitario Agrario con sede en Chetumal registró 577 asuntos ingresados, admitió 596 expedientes y concluyó 579 durante el año, apenas una cuarta parte de la carga atendida en Mérida.
En Campeche, la actividad fue mínima debido al cierre del Tribunal Unitario Agrario Distrito 34-A, que dejó de operar el 31 de enero de 2025. Como resultado, únicamente reportó la actividad correspondiente a ese mes, con 34 expedientes ingresados, 25 admitidos y 28 concluidos.
El diagnóstico del Inegi también muestra que el Tribunal Agrario de Mérida mantiene una plantilla integrada por 20 personas, de las cuales 14 son mujeres, incluida la magistrada titular.
La representación femenina equivale al 70 por ciento del personal, porcentaje superior al promedio nacional, donde las mujeres constituyen el 64% de quienes laboran en los tribunales agrarios.
Los asuntos más frecuentes
El censo nacional identifica que los procedimientos de jurisdicción voluntaria concentraron el mayor número de asuntos atendidos por los tribunales agrarios del país, con 36.7 por ciento del total.
Les siguieron las sucesiones de derechos agrarios, que representaron 26.9 por ciento, y las controversias en materia agraria, con 17.3%, lo que confirma que gran parte de la actividad judicial continúa relacionada con la transmisión de derechos ejidales, la regularización de la propiedad social y los conflictos por la posesión de la tierra.
Yucatán se consolida como el principal foco de litigios agrarios, un escenario que refleja la intensa dinámica de la propiedad social en el estado y la creciente demanda de resolución judicial.
