Ni México, ni mucho menos Campeche quiere que el turismo sexual infantil esté dentro de sus destinos, alertó la diputada federal, Rocío Adriana Abreu Artiñano, al lamentar que de forma “galopante” crece la presencia de depredadores sexuales extranjeros, lo que ha colocado al país en el segundo lugar a nivel mundial, con 600 mil personas reportadas al año. Por ello, el sector servicio, especialmente los hoteleros, deberá sumarse a esta nueva reforma de ley, pues es un delito que destruye vidas, y que muchas veces es promovido por los mismos padres que ven a sus hijos como negocio.
En días pasados, en la Cámara de Diputados, se aprobó por unanimidad una reforma al artículo 58 de la Ley General de Turismo, basada en estudios de la Organización Mundial del Turismo y ECPAT, que estiman que entre 16 mil y 20 mil niñas y niños son víctimas de explotación sexual cada año en México. Este panorama se agrava con datos de la Secretaría de Salud, que documentó en 2024 la atención de ocho mil 775 menores por lesiones derivadas de violencia sexual.
Desde la asociación Álvaro Artiñano, la diputada ha acompañado a familias y víctimas de abuso, impulsando reformas legales urgentes. Esta última propone que hoteles y prestadores de servicios exijan prueba de parentesco cuando un adulto se registre con un menor, para evitar que se usen espacios de hospedaje como medio para cometer delitos.
México solo es superado por Tailandia en esta problemática. Los destinos turísticos clave como Cancún, Acapulco, Puerto Vallarta, Playa del Carmen y Tijuana son los más críticos, pero Abreu subrayó que Campeche no debe permitir que sus municipios sean parte de esta estadística.
“Este tipo de turismo no lo queremos. Es un delito que destruye vidas. Hemos recibido amenazas, pero no dejaremos de legislar ni de perseguir estas prácticas aberrantes”, declaró. Denunció también que en muchos casos, los propios padres ofrecen a sus hijos como mercancía, situación que calificó de “vergonzosa”.
La legisladora adelantó que se reunirá con cámaras del sector turístico para establecer un frente común y buscar reformas al Código Penal, con sanciones más severas y protección integral a las víctimas, incluyendo a quienes han sido revictimizadas o amenazadas.
Finalmente, hizo un llamado al Congreso del Estado de Campeche para que se sume a esta nueva reforma, actualizando y armonizando leyes para blindar a la niñez campechana ante esta amenaza.
JY
