De acreditarse actividades ilegales como presuntamente se señala al notario Jaime Antonio Boeta Tous, debe suspendérsele su fiat, ya que afecta al sistema jurídico de Campeche, demandó el presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Campeche, Ricardo Medina Farfán.
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Desde 2019 hay señalamientos y denuncias en contra de este notario carmelita por incurrir en actividades ilícitas.
Al respecto, el dirigente partidista precisó que la ley establece que cuando un notario incurre en responsabilidades, deben aplicarle una revisión administrativa e incluso la pérdida de su fiat y de su protocolo notarial.
Señaló también que en caso de que la actividad irregular constituya un delito, puede recibir una sanción penal, por lo que las denuncias no pueden ser ignoradas.
Dijo que la Secretaría de Gobierno del Estado de Campeche tiene la obligación de actuar de manera inmediata, ya que tiene bajo su estructura orgánica el área de control notarial, la cual le da seguimiento a toda la función notarial.
Exigió llevar a cabo las acciones sin demora para comprobar que existió la irregularidad denunciada y, en su caso, aplicar las sanciones correspondientes.
Pidió que no se permita la impunidad ni acciones que vulneren la confianza en el ejercicio de funciones notariales, pues, subrayó, estas funciones dan certeza jurídica a los contratos y actos legales. Las denuncias hacia quien tiene a su cargo una notaría —señaló— violan esa confianza ciudadana y deben ser sancionadas, ya que una actuación ilícita genera una mancha que daña no solo al implicado, sino a todo el gremio notarial y al sistema jurídico campechano.
Cabe señalar que Por Esto publicó la denuncia de la ciudadana rusa Liubov Prudkovskaya Illinichna, quien acusó a Jaime Antonio Boeta Tous de formar parte de una mafia inmobiliaria. Ella fue la única que solicitó formalmente su retiro del fiat ante el área de Control Notarial del Gobierno del Estado por su actuar ilícito.
En diciembre de 2014, el periódico de la Dignidad, Identidad y Soberanía también difundió dicha denuncia. La ciudadana solicitó a la Secretaría General de Gobierno la suspensión definitiva de sus funciones notariales y la cancelación de la patente de notario público número 12. La queja fue presentada por su abogado Francisco Javier Mata Alvarado, quien además interpuso una denuncia penal ante la agencia del Ministerio Público por falsificación de documentos en contra del notario y/o quienes resulten responsables.
JGH
