Un ríspido debate entre diputados de Movimiento Ciudadano (MC) y Morena marcó la primera sesión del Congreso del Estado, donde el Pleno aprobó una reforma constitucional que establece nuevos requisitos de nacionalidad para quienes aspiren a ocupar la Presidencia de México, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
La minuta, enviada por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer que quienes busquen alguno de estos cargos deberán ser mexicanos por nacimiento y contar únicamente con la nacionalidad mexicana. En caso de tener otra nacionalidad, deberán renunciar a ella antes de registrarse como candidatos y, mientras permanezcan en funciones, no podrán adquirir una nacionalidad distinta.
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La propuesta fue aprobada con 17 votos a favor de Morena, PT y PVEM, mientras que 15 legisladores de MC, PRI, PAN e independientes votaron en contra. Los cambios comenzarían a aplicarse a partir del Proceso Electoral de 2028 y no tendrán efectos sobre quienes actualmente ocupan alguno de estos cargos.
Durante la discusión, las diferencias entre las bancadas de Morena y MC elevaron el tono del debate, con posiciones encontradas sobre los alcances de establecer la nacionalidad única como requisito para ejercer las titularidades de los poderes ejecutivos federal y estatales.
En la misma sesión, el Congreso aprobó una reforma al Código Penal del Estado para incorporar el delito de abandono de mujer o persona gestante. La modificación contempla penas de seis meses a tres años de prisión para quien, teniendo la obligación legal de brindar asistencia, deliberadamente se niegue a proporcionar el apoyo necesario y con ello genere un peligro real y comprobable para la vida o salud de la mujer o persona gestante.
La medida busca evitar que durante el embarazo una persona quede en situación de desamparo cuando requiera apoyo para cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda, atención médica y cuidados. La sanción aplicará cuando exista una obligación legal de asistencia, ésta sea incumplida deliberadamente y la omisión represente un riesgo real y comprobable.
Asimismo, los legisladores aprobaron reformas a la Ley de Turismo del Estado para fortalecer la prevención, detección y atención de posibles casos de violencia contra las mujeres en hoteles y establecimientos de hospedaje.
Las modificaciones obligarán a estos espacios a implementar medidas y protocolos para identificar señales de riesgo, proteger la integridad y confidencialidad de posibles víctimas y facilitar la comunicación con las autoridades cuando sea necesario. También se contempla la capacitación7 periódica del personal en prevención y atención de la violencia contra las mujeres, derechos humanos y perspectiva de género, con el objetivo de contar con tr
