De los 27 mil procesos activos que atiende el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), alrededor de 18 mil 900 corresponden a asuntos familiares, principalmente divorcios, disputas por guarda, custodia y controversias relacionadas con menores de edad, informó el magistrado presidente Juan Pedro Alcudia Vázquez.
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El titular del Poder Judicial destacó que esta materia representa la mayor parte de la carga procesal de la institución, lo que obliga a mantener una atención especial hacia las personas involucradas, muchas de ellas pertenecientes a sectores vulnerables que requieren respuestas oportunas y sensibles a sus circunstancias particulares.
Explicó que el TSJE también atiende asuntos penales, civiles, mercantiles y laborales, por lo que uno de sus principales retos consiste en agilizar la resolución de los expedientes, sin descuidar el análisis de fondo de cada caso. Señaló que el objetivo es avanzar hacia una justicia más cercana a la ciudadanía, humana y capaz de ofrecer soluciones que contribuyan a la paz social.
Alcudia Vázquez indicó que el Poder Judicial cuenta con juzgados mixtos y especializados, además de una Sala Familiar que atiende técnicamente los conflictos de esta naturaleza. Afirmó que los niveles de efectividad reportados son elevados; sin embargo, reconoció que siempre existe margen para mejorar los resultados y ampliar la capacidad de respuesta.
El magistrado presidente sostuvo que la celeridad y la expedición de la justicia constituyen desafíos permanentes, pues no basta con recibir y tramitar los procedimientos, sino que es necesario resolverlos de manera oportuna, especialmente cuando están en juego los derechos de niñas, niños y adolescentes del estado.
Respecto a los preparativos para la próxima elección del Poder Judicial, señaló que está prevista para 2028 y que uno de los pendientes será construir el marco normativo necesario para garantizar un proceso claro, ordenado y que brinde certidumbre a la ciudadanía. Indicó que el propósito será establecer condiciones para que lleguen los mejores perfiles y fortalecer la confianza pública en las instituciones judiciales, manteniendo como prioridad una impartición de justicia pronta, completa e imparcial.
JGH